Por decreto, el presidente saliente Mauricio Macri promulgó un nuevo régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos en el Estado por un plazo de cinco años, y fijó una serie de compensaciones en el caso de que éstos sean removidos de sus cargos por alguna reestructuración orgánica. Esto se resolvió en acuerdo UPCN.
Se trata del decreto nº788/19, que lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica. Con esta norma, se creó un "Régimen de Alta Dirección Pública", que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales (nacionales o equivalentes) y coordinadores, y abarcaría a un 10% de los cargos jerárquicos del Estado.
En este sentido, estos funcionarios deberán ser compensados en caso de que pierdan sus cargos por una reestructuración orgánica. Como la estabilidad es por cinco años, el decreto contempla que si un funcionario pierde el cargo por reestructuración y no es trabajador de planta permanente, podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus; o podrá exigir una indemnización equivalente a su sueldo multiplicado por la cantidad de meses que le resten para cumplir los cinco años.
En cambio, si se trata de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en su cargo de funcionario.
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto. Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna.
Esta nueva medida desató las críticas de referentes de ATE y otras entidades gremiales. El secretario gremial de ATE de la Ciudad de Buenos Aires, Luciano Fernández, definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo". "Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”, sostuvo.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) también rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”. Rubén Ramos, referente del gremio, adelantó que van a judicializar el decreto porque "afecta de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. "Es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.
