A casi un mes de las elecciones, la Justicia sigue trabajando en las denuncias que se produjeron antes y durante los comicios. En ese sentido, se conoció que la Fiscalía de Instrucción n°9 a cargo de Jonathan Felsztyna avanza en una causa que se le inició a la intendenta electa de Valle Viejo, Susana Zenteno, a su marido Fernando Ravetti (actual presidente de PRODUCAT SAPEM) y a referentes de su sector por supuestas amenazas y coacción contra militantes y dirigentes del actual jefe comunal chacarero, Gustavo Jalile.
Contra la intendenta electa, su marido y los dirigentes de su espacio se presentaron en la Justicia una decena de denuncias que se habrían hecho en el fin de semana del 26 y 27 de octubre. La mayoría de las presentaciones serían contra Ravetti y de acuerdo con lo que pudo conocer este medio, los denunciantes habrían advertido que los acusados los amenazaron con utilizar sus influencias en el Estado provincial para tomar represalias contra ellos.
Durante esos días, que concluyeron con la jornada de las elecciones, se habían producido varios enfrentamientos entre las facciones de los dos candidatos. De hecho, desde el sector de Zenteno se había denunciado a agentes de Tránsito de la municipalidad de Valle Viejo por abuso de poder, por el secuestro de algunos vehículos propiedad de referentes de la intendenta electa.
En el marco de la investigación y durante los últimos días, el fiscal estuvo tomando declaraciones a los denunciantes y a posibles testigos. En los próximos días, no se descarta que sean convocados los denunciados para que den su versión de lo acontecido. Por los hechos por los que se acusa a Zenteno y su gente por amenazas y coacción, las declaraciones testimoniales son un medio de prueba fundamental, teniendo en cuenta la dificultad de conseguir otros elementos para corroborar si lo planteado en las denuncias es cierto o no, más allá de los dichos de los protagonistas. De igual forma, también están pedidos otros elementos de prueba para sumar a la causa.
Para la Justicia, una amenaza consiste en el anuncio de causar un mal a un tercero, tanto a su persona, a su honra o a su propiedad. Ese mal ha de ser futuro, injusto, determinado y concreto. Además, tiene que ser creíble, para lo que requiere una apariencia de firmeza y seriedad. La coacción implica obligar a un tercero a hacer, no hacer o decir algo en contra de su voluntad, utilizando para ello la violencia. De acuerdo con el Código Penal Argentino, el delito de amenaza tiene una pena de seis meses a dos años, mientras que el de coacción de dos a cuatro años.
Justicia Federal Si bien estas denuncias se realizaron en el marco de la campaña electoral y las elecciones generales del octubre, son llevadas adelante por la Justicia provincial y no por la Justicia Federal con competencia electoral. Es que estas presentaciones son de carácter penal ya que está involucrada la integridad física de los denunciantes y no electoral como las otras que realizaron los apoderados de las diferentes fuerzas que participaron de las elecciones. Esas presentaciones se realizaron denunciando hechos que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios y que podrían inferir en la decisión de los ciudadanos a la hora de emitir su voto, como la entrega de bolsones, dinero, la aplicación del voto cadena, entre otros. Generalmente, estas presentaciones son resueltas en forma inmediata por la Justicia Electoral, para evitar que se interrumpa el proceso eleccionario. En este sentido, durante la jornada de las elecciones se realizaron más de 20 denuncias penales de distinta índole y la gran mayoría fue en el departamento Valle Viejo; todas recayeron en la Fiscalía n°9, que estuvo de turno en esa jornada electoral.n
