Los productores cocaleros realizaron un cabildo en el que dan un plazo de 48 horas para que renuncie la presidenta Jeanine Áñez o adelantaron que realizarán un bloqueo nacional e indefinido de caminos hasta que sus pedidos sean escuchados. Sectores afines al ex presidente Evo Morales se reunieron el sábado por la noche sobre la carretera de Sacaba, donde eran velados los cuerpos de cinco cocaleros que murieron el viernes en enfrentamientos con la policía.
Según un último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se registraron 23 muertes en el mes de protestas en todo el país. La comisión también denunció como “grave” un decreto del Gobierno interino que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.
Sobre este último punto, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseguró que "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar”, sino que "es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación y que existan más muertes”.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, lamentó que haya “movilizaciones en todas partes” y reconoció que las “últimas 72 horas han sido duras”, pero señaló que la orden que tienen las fuerzas militares y policiales es que “resguarden el pueblo”.
En este sentido, la presidenta interina Áñez denunció la presencia en Bolivia de “grupos subversivos armados” compuestos por extranjeros y bolivianos. ”El propósito es que haya una transición democrática y pacífica, pero desafortunadamente Evo Morales ha dejado una estructura de violencia que nos está afectando a todos”, expresó en un contacto virtual con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó.
Por su parte, desde México, el expresidente boliviano, Evo Morales, advirtió que a raíz de las recientes muertes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quienes piden diálogo “pueden ser declarados como traidores” y pidió una instancia de mediación.
"Ahora, después de semejante masacre, los que están movilizados ya no quieren diálogo, sino primero echar al nuevo Gobierno y ver cómo recomponer el Estado”, dijo. Sin embargo, Morales reiteró su llamamiento a dialogar y reducir la confrontación entre sus seguidores y el Gobierno de transición. "La posición que está creciendo es la de ‘fuera la dictadura y viva la democracia’. Mi gran deseo es que haya un diálogo con mediadores”, expresó.
Sobre unas eventuales elecciones, aseguró que no está “aferrado” a ser candidato, y volvió a criticar al reporte de la OEA que lo llevó inmediatamente a convocar nuevas elecciones, horas antes de presentar su renuncia: “Aunque ganamos en la primera vuelta las elecciones lamento mucho ese informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tomó una posición política, y no técnica o jurídica”.
En este sentido, consideró que "tal vez fue mi error" aceptar la candidatura a la Presidencia, que según relató se la ofrecieron los militantes y movimientos sociales. "Fue una candidatura basada en una sentencia constitucional. Quién sabe si fue un error, pero a mí me dijeron: ‘Evo, tu vida no depende de vos, depende del pueblo’”, dijo, y consideró que como fuerza política, el MAS debe "debatir, aunque sí cueste consensuar quién quisiera ser candidato, quién quisiera ser presidente”.
Además, dijo tener “mucho miedo” por la posibilidad de una guerra civil. “En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, profesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos violentos. Pandilleros, drogadictos, pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades. Y se organizan como paramilitares. Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando”, expresó.
Denuncia de la OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reveló que dos ciudadanos argentinos se infiltraron en la misión que auditó las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre. Según precisó el sitio Infobae, son Santiago Eguren y Gerónimo Javier Ustarroz, cercanos al kirchnerismo, quienes consideraron que la acusación "no resiste el menor análisis".
"Nos enteramos que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, no eran técnicos con capacidades electorales, es un despropósito, eso no se hace, es inmoral”, dijo Almagro, en una entrevista a un diario mexicano. En ese sentido, Ustarroz precisó que fue invitado a trabajar con ellos, y confirmó que participó de la auditoría, pero que las declaraciones de Almagro "son desatinadas y no se corresponden con la realidad”.
