DURANTE EL ÚLTIMO PARO DEL SOEM, EN AGOSTO

La terciarización de la recolección de residuos costó $1.000.000

domingo, 17 de noviembre de 2019 · 02:05

Para garantizar la recolección de residuos durante el último paro del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, la Municipalidad de la Capital creó un fondo especial al que destinó un millón de pesos, con los que se contrató un servicio privado. La ordenanza que se aprobó el último jueves en el Concejo Deliberante, que declaró de carácter esencial al servicio de recolección de residuos, autoriza al Ejecutivo a volver a recurrir a esta instancia en caso de emergencia.

En el Boletín Municipal de la semana pasada, se conoció que el Ejecutivo firmó el 8 de agosto el decreto nº1013/19, con el que se constituyó un "Fondo Permanente Especial en forma excepcional y por única vez", por pedido de la Secretaría de Servicios Públicos y por la suma de $1.000.000, que se tomaron de "rentas generales" para ser destinados a solventar los gastos que demandara la contratación de terceros para que efectúen el servicio de recolección de residuos.

Esto ocurrió porque el 7 de agosto el SOEM inició un paro por tiempo indeterminado por el cobro del plus médico, justo en la semana previa a la realización de las elecciones primarias. La medida de fuerza incluyó el bloqueo de los ingresos a la Planta de Tratamiento de Residuos, pero esto luego fue desistido por el gremio cuando se contrató la recolección privada.

Ante la urgencia y prontitud de las elecciones, el juez federal Miguel Contreras había solicitado al intendente Raúl Jalil que arbitrara los medios posibles para garantizar el servicio de recolección y la higiene el día de la votación.

El servicio privado de recolección se mantuvo por casi cinco días, porque el lunes posterior a las elecciones el SOEM logró un acuerdo con el municipio, levantó la medida de fuerza y se retomó el servicio habitual.

La ordenanza que sancionó el CD el jueves pasado habilita al municipio a volver a recurrir a este tipo de contrataciones, aunque en última instancia. En principio, el gremio debe informar con tres días de anticipación sobre las medidas de fuerza y debe presentar un plan de recolección en el que se garantice el funcionamiento del 40% de la operatividad del servicio. En segunda instancia, el Ejecutivo queda habilitado a firmar convenios con otros municipios o cooperativas para prestar el servicio, y recién en tercera instancia se habilita la declaración de emergencia que permite la contratación privada. 

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