Tras la primera audiencia de conciliación obligatoria, no hubo acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la empresa ALCO, del Grupo Canale, por los 24 despidos que quedaron en "stand by'" desde fines de octubre. En este marco, el gremio pidió a la Dirección de Inspección Laboral que tramite la intervención del Ministerio de Producción para subsidiar a la empresa y evitar la medida de ajuste en el personal. Se reunirán nuevamente en diez días.
Luego de casi dos semanas de iniciado el proceso conciliatorio, la postura de la empresa propietaria de la fábrica en Sumalao se mantuvo inalterable, y en la reunión que mantuvieron ayer con el gremio en la DIL insistieron en que los 24 despidos son necesarios para darle un alivio financiero a las cuentas. "Ellos aseguran que es una reestructuración necesaria", informó a El Ancasti el secretario del STIA Catamarca, José Ocampo.
En este marco, el gremialista confirmó que le solicitaron a la DIL que pida la intervención del Ministerio de Producción, para que sea esta cartera del Ejecutivo la que plantee salidas alternativas y ofrezca subsidios a la empresa para evitar los despidos masivos. Si bien en otras oportunidades la empresa pagó los salarios gracias al subsidio REPRO (Recuperación Productiva), esto no estaba ocurriendo en el último tiempo, por lo que podría ser una de las alternativas a gestionar.
"Creemos que con la participación de Producción alguna salida puede haber. Nosotros ya hicimos otros ofrecimientos, pero fueron rechazados", señaló Ocampo, en alusión a la posibilidad de establecer un cronograma de jornadas de suspensión o reducir la carga horaria como métodos de ajuste.
La próxima audiencia entre ambas partes será el jueves 21, también por la mañana, en las oficinas de la DIL, en el CAPE. Para entonces, el gremio pretende que vayan otras autoridades de la empresa que tengan poder de decisión. En la reunión de ayer estuvieron presentes abogados y el jefe de personal de la empresa.
El conflicto
El 29 de octubre los trabajadores de ALCO-Camino tomaron la planta ubicada en la ruta provincial N°33 tras haber sido informados verbalmente de 24 despidos como consecuencia de un proceso preventivo de crisis que presentó la empresa, pero que aún no había sido aprobado por el Ministerio de Trabajo. Por este motivo, el gremio pidió la conciliación y tras la intervención de la DIL los empleados fueron reincorporados hasta que se resuelva este proceso.
La bronca estalló cuando se conoció que a quienes despidieran les ofrecerían un pago del 50% de lo que les corresponde por indemnización y en hasta 30 cuotas.
A ello se sumaron otros conflictos: les deben la segunda quincena de septiembre, las dos quincenas de octubre, un bono de fin de año de $5.000 correspondiente a 2018, y retroactivos paritarios de los haberes de mayo, junio, julio, más la diferencia de la primera parte del aguinaldo.
En el medio, el jefe de personal de la empresa denunció a las autoridades del gremio por impedir el trabajo en la planta durante ese único día de protesta, ya que las medidas de fuerza se levantaron apenas declarada la conciliación obligatoria.
