Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron liberados por orden del juez federal Claudio Bonadío, quien aceptó los seguros de caución que presentaron para cubrir los 60 millones de pesos de fianza que les había fijado a cada uno. El juez les había impuesto a los empresarios esa fianza, pero como ambos accionistas del Grupo Indalo tienen sus bienes inmovilizados, presentaron seguros de caución que el magistrado finalmente aceptó. Tras la orden del juez, López y De Sousa dejaron cerca del mediodía la cárcel de Ezeiza, donde estaban alojados desde el año pasado, y fueron trasladados a la sede de Policía de Madariaga y General Paz, desde donde fueron liberados poco después de las 14:40. Durante el proceso que culminó con la liberación los empresarios estuvieron acompañados por el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, abogado de López en la causa Oil Combustibles. El pasado viernes la sala I de la Cámara Federal les otorgó la libertad, al descartar que hubiera peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
López y De Sousa estaban detenidos con dos prisiones preventivas, una por un desprendimiento del caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno vinculado a irregularidades en obra pública, y otra por presuntas maniobras de lavado de dinero por la compra de un inmueble a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La liberación comenzó con un fallo de la jueza federal María Capuchetti, quien investigaba la supuesta venta fraudulenta del Grupo Indalo cuando pesaba sobre el mismo una medida cautelar, y en donde ambos terminaron sobreseídos. Con ese fallo, los empresarios solicitaron la excarcelación ante el Tribunal Oral Federal 3 que los está juzgando por el no pago de impuestos de 8 mil millones de pesos por la transferencia de combustibles de la empresa Oil Combustibles.
Los jueces del Tribunal que actualmente los juzga, los dejaron en libertad al tener en cuenta aquel fallo que determinó que no existió venta fraudulenta de la empresa. A partir de allí la defensa pidió la liberación ante Bonadío quien en un primer inicio la rechazó pero luego acató un fallo.
Otro pedido El ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Carlos Kirchner, primo del ex presidente, también solicitó su excarcelación en la causa por supuesto fraude en la obra pública y ahora el Tribunal Oral Federal 2 debe definir si acepta el pedido. El fiscal de juicio, Diego Luciani, se opuso.
Los integrantes del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deberán decidir sobre esto hoy. Carlos Kirchner prestó declaración indagatoria este lunes ante los jueces y afirmó que está detenido “injustamente” desde diciembre de 2017. Al pedir su liberación, la defensa del ex funcionario nacional alegó que no existe peligro de entorpecer la causa y señaló que tiene problemas de salud.
Para el fiscal Luciani, se mantienen los riegos procesales por los que había sido detenido Kirchner hace un año y diez meses. También, el representante del Ministerio Público sostuvo que aún no se cumplieron los dos años que se permiten como máximo para las prisiones preventivas, período que puede ser prorrogado. Al declarar este lunes, el ex funcionario aseguró que atraviesa "serias dificultades económicas por mi detención y el embargo de mis bienes". "Siempre trabajé y heredé, con lo que adquirí ciertas propiedades. Cuando asumí en el Estado ya tenía el 85 por ciento de mi patrimonio", expresó.
El juicio por supuesto fraude en el otorgamiento de la obra pública durante el gobierno anterior que lleva adelante el TOF 2 está en la etapa de las declaraciones indagatorias, con audiencias que se llevan a cabo una vez por semana. En este proceso son juzgados también la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente está en Cuba con autorización del tribunal, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros ex funcionarios y empresarios.n
