En un fallo con disidencias, la Corte Suprema votó ayer en contra del decreto de Mauricio Macri que eliminó el IVA a los alimentos de la canasta básica y a favor del reclamo judicial que habían iniciado varias provincias, Catamarca entre ellas.
En rigor, la acordada de los jueces deja en pie la rebaja para los consumidores, pero obliga a la Casa Rosada a “no afectar la coparticipación” a las provincias por la pérdida de recursos que implicaría para esos distritos dejar de percibir la parte del IVA que les gira la Nación mes a mes.
Lo mismo ocurre con los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias: el Gobierno decretó la elevación del mínimo imponible y la devolución del excedente pagado por los trabajadores durante este año, pero ese alivio impactó en los ingresos provinciales.
La decisión de la Corte llegó a propósito de las presentaciones de 15 provincias, que habían recurrido al máximo tribunal para evitar perder esos fondos.
“Mediante esas normas -los DNU- el Poder Ejecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria”, consideró la mayoría conformada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Si bien originalmente se especulaba con que la decisión judicial quedaría para después de las elecciones, los cinco miembros del Máximo Tribunal comenzaron a evaluar el tema y decidieron avanzar antes.
Según los cálculos del Gobierno nacional, el costo fiscal total de la rebaja del IVA a los alimentos alcanzará para todo 2019 los 10.000 millones de pesos, con lo cual, de acuerdo al fallo de la Corte, la Casa Rosada deberá compensar a las provincias por 5.660 millones.
Eso ocurre porque la ley de Coparticipación Federal de Impuestos indica que el 42,34% va al Tesoro Nacional y el 56,66% a las provincias, que a su vez destinan una parte a los municipios.
La mayoría del tribunal le dio la razón al planteo de la provincia de Entre Ríos, que había sido replicado por Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Todas -gobernadas por la oposición- habían acudido a la Corte con una acción de amparo, para que obligara al Gobierno a detener el “descuento” de la coparticipación causado por los decretos de necesidad y urgencia sobre el IVA a los alimentos y Ganancias.
Los jueces respondieron a una acción de amparo de los gobernadores, y no a una cuestión de fondo respecto a la naturaleza de los impuestos modificados ni a la posibilidad de hacer esos cambios. Solo le dijeron al Gobierno que sus decisiones no pueden afectar los ingresos de las provincias. Para aceptar el amparo, la Corte consideró que existía “verosimilitud en el derecho invocado por la provincia, y un peligro acreditado que podría producirse en caso de demorarse su otorgamiento”.
Ese no fue el criterio del presidente de la Corte, el juez Carlos Rosenkrantz, quien votó en disidencia. El magistrado consideró que el vínculo legal que une a la Nación y las provincias según el texto de la ley de coparticipación federal no es suficiente para el reclamo. Elena Highton no votó.
