Luego de que el juez federal Miguel Ángel Contreras dictara el procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política “Martín Fierro” por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de administración fraudulenta, en concurso ideal”, a partir de la denuncia realizada por el gerente de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, Mariano Manzi, se conoció que los acusados apelaron la medida.
En ese sentido, el expediente fue girado a la Cámara Federal de Tucumán, que tendrá que definir si le da la razón al juez para que continúe el trámite o si, por el contrario, acepta los planteos de los dirigentes de la Martín Fierro y rechaza la acusación en su contra.
De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la Cámara podría tomarse su tiempo para definir el futuro de Ricardo Rodríguez, Dora Guerrero y Orlando Elieser Paredes. En el caso que ratifique la decisión del juez, los acusados estarán en condiciones de ir a juicio oral contra el Tribunal Oral Federal de la provincia.
En su fallo, Contreras había considerado que existen elementos de prueba que demuestran que Rodríguez, como presidente, junto a Guerrero y Paredes, se quedaba con parte del dinero que percibía un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social. El magistrado ordenó trabar embargo de $ 30 mil a cada uno. En diálogo con la prensa, el juez defendió su fallo al sostener que los hechos por los que se los imputa a los dirigentes "son claros y simples de entender: acá había personas que entregaban planes y para mantener a los beneficiarios les retenían o les exigían que abonen parte de lo que recibían por diversos conceptos".
Por otra parte, indicó que para fallar contra los dirigentes no tomó en cuenta si eran funcionarios provinciales o no. Sin embargo, advirtió que como el proceso no está cerrado se podría tomar este factor en cuenta más adelante. Hasta la fecha, se conoce que Rodríguez cumple funciones en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia como supervisor. El dirigente tiene un índice 1,20, por lo que percibe un ingreso superior a lo que cobra un director provincial.
En cuanto a si los procesados podrían perder la libertad, el juez aclaró que el delito por el que se los acusa es excarcelable, "pero puede que se lo declare no excarcelable si se dan determinadas cuestiones".
Entre ellas, mencionó las causales de la prisión preventiva "si la persona puede obstaculizar la investigación o poner alguna traba".
"En este caso, que como ya se avanzó con la investigación y no existen otras situaciones en las que nosotros podamos argumentar que esta gente quede detenida, creemos que hay que privilegiar el estado de inocencia hasta que esté la sentencia definitiva", sostuvo.
Más adelante, advirtió que para procesar a Rodríguez y a los otros dirigentes no se tomó en cuenta la cantidad de dinero que recaudaban sino el hecho en sí. "La cantidad no interesa, la pena no se determina por la cuantificación sino por la actitud delictiva. Simplemente se comprobaron hechos que no nos permitieron hacer una estimación dineraria sino la concreción de un ilícito", advirtió.
Posteriormente, resaltó que de los tres procesados, solo uno declaró argumentando que el cobro del "aporte" se trataba de una práctica que tenía que ver con los usos y costumbres de destinar una porción de lo que recibían para sostener la actividad partidaria.
Finalmente, indicó que desconoce si el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está al tanto del procesamiento y que no es obligación de la Justicia informar sobre esto. "Nosotros intervenimos porque son fondos nacionales", cerró.