Los intendentes peronistas de Buenos Aires vuelven a la carga y ponen en marcha una ofensiva contra las subas de tarifas de los servicios públicos que comenzará a materializarse hoy cuando concurran a una audiencia pública convocada para tratar un aumento del servicio que presta Aguas Bonaerenses (ABSA).
El encuentro está previsto para las 10 en el pasaje Dardo Rocha, de La Plata, convocado por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) ante el planteo de incrementar el valor de la tarifa del agua, que rondaría un 38%.
ABSA brinda servicio a casi dos millones de personas en 79 localidades y plantea una suba de las tarifas -el Gobierno bonaerense debe definir además si concretará el aumento de una vez o en etapas-.
Se espera que, como en anteriores audiencias públicas, que además de dirigentes políticos opositores también participen de la convocatoria organismos, asociaciones de consumidores, usuarios e instituciones para plantear sus objeciones a la propuesta.
Los jefes comunales peronistas ya adelantaron que encararán una ofensiva contra las subas de tarifas que incluirá presentaciones judiciales.
El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, adelantó también que convocarán a una "gran audiencia nacional contra el tarifazo".
"En febrero va a haber una gran movilización contra los aumentos", advirtió también el intendente peronista en declaraciones a Radio 10.
La novedad surgió luego de que gremios opositores convocaran a marchas de velas y antorchas contra las subas, que comenzarán este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladarán al interior del país.
Con la ofensiva opositora en Buenos Aires, se espera que en el resto de las provincias se continúe con la misma metodología en la búsqueda de poner un freno a los aumentos de los servicios ya anunciados por el Gobierno nacional.
A fines de año los jefes comunales de varios distritos porteños habían lanzado la advertencia de que presentarían de manera conjunta un recurso de amparo. "Este gobierno sigue aplicando las misma recetas y no tiene el más mínimo registro de lo que viene sucediendo en las casas, comercios, clubes, pymes de nuestras ciudades", señalaron en un comunicado. Mientras que cuestionaron también que el Gobierno se limita a cumplir a rajatabla con el acuerdo firmado con el FMI y "así pagar los intereses de la deuda externa generada por ellos mismos en estos tres años de gobierno".
