Las cooperativas eléctricas de todo el país están en un momento crítico y se niegan a aceptar el reciente aumento del 55% en los valores de la energía mayorista, ya que sostienen que las coloca en una situación de total vulnerabilidad. Es que, según advirtieron, los aumentos anunciados la semana pasada por el gobierno de Macri no sólo golpean a los usuarios finales sino también a las empresas distribuidoras que compran la energía a la mayorista CAMMESA.
En ese sentido, el presidente de la Cooperativa Eléctrica neuquina CALF, Carlos Ciapponi, criticó los nuevos incrementos en el costo de energía anunciados por el Gobierno y la decisión de eliminar subsidios al sector distribución de electricidad, al tiempo que adelantó que no abonará a CAMMESA el aumento mayorista porque "no se está en condiciones de trasladar ese ajuste al usuario final".
Ciapponi aseguró que planteará el tema el miércoles en la próxima reunión de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina, que agrupa a más de 240 distribuidoras y brinda servicio a más de 4 millones de hogares.
En ese sentido, aseguró que no descarta una "rebelión" por parte de las cooperativas en contra de la quita de la "tarifa social" al sector de distribución de electricidad.
El titular de la cooperativa eléctrica explicó que "son muchos los usuarios que registran consumos de más de 500/600 kilovatios, que hoy ya pagan entre 8.000 y 10.000 pesos por mes, y con un aumento adicional de 55% que impulsó el Gobierno, se va a hacer realmente complicado de afrontar", remarcó.
En cuanto a la realidad del sector, detalló que el costo de la energía históricamente representó poco más de 30% en el presupuesto de la cooperativa, y ahora está cerca del 70%; más los impuestos y tributos que se aplican en las facturas.
La CALF se expidió en desacuerdo con esta fase de la política aplicada en material energética por el Gobierno y ya lo hizo saber a través de una presentación judicial para que se reduzca la carga tributaria.
"El servicio eléctrico es considerado un servicio esencial y Hacienda debe fijar una alícuota de IVA diferencial. Por ejemplo, el pan y la leche pagan 10,5% de IVA. Sin embargo, el usuario de electricidad paga un 21%, y un comercio o una pyme paga el 27%. En los últimos tres años, se pagó un aumento por encima de cualquier recomposición salarial, y debió aplicarse el IVA como servicio esencial, y no que los comercios y las pymes tengan que pagar hasta un 27%", resaltó.
Por último, Ciapponi indicó: "Nosotros vamos a decir la verdad, a informar lo que pasa, no como otros que prefieren quedarse callados, no decir nada".
La CALF es la cooperativa más grande del país dedicada a la distribución energética.
Si bien la reunión donde planteará su desacuerdo con el tarifazo se realizara esta semana, debido a los tiempos institucionales, la asamblea de la Federación recién tomaría una resolución para comienzos de febrero. Sin embargo, el propio peso de esta cooperativa neuquina sumado a la fragilidad que presenta el conjunto de las distribuidoras hace prever una escalada en el conflicto.
Pero sumado a la rebelión de las cooperativas eléctricas, en los últimos días y luego del anuncio de la Secretaría de Energía, volvieron los cacerolazos en distintos puntos del país.
Por su parte, el peronismo ya avisó que en marzo, cuando se reabra el Congreso, volverá a impulsar una ley para dar de baja el decreto que Macri que autorizó la suba. Mientras que los intendentes del Conurbano empezaron a coordinar una serie de amparos, estrategia a la que se sumó el sindicalismo y ahora podrían sumarse las cooperativas.
