La Policía de la Provincia inspeccionó ayer el lugar que fue usurpado en inmediaciones de la ruta provincial N°1 en la localidad de Las Pirquitas y se iniciaron las actuaciones de lo que sería un inminente desalojo.
El informe será elevado a la Unidad Judicial N°11 y forma parte de un pedido realizado por la Justicia luego de que se diera a conocer la ocupación ilegal de tierras del Estado provincial, que además de ser un delito, ponen en serio riesgo a las personas que se instalaron en el lugar.
La directora de Saneamiento de Títulos de la Administración de Catastro de la Provincia, Lorena Baigorri, en diálogo con El Ancasti, señaló que por esos terrenos se recibieron al menos 15 trámites en los que se solicita que el Estado “done los terrenos”. Sin embargo, admitió que es inviable la posibilidad de que ese lugar se pueda habitar y menos aún que el Estado avale un derecho a la propiedad.
Baigorri señaló que pese a que el organismo no puede negarse a recibir las solicitudes, en todos los casos se informó que el lugar no es habitable.
“Principalmente queremos resguardar a la gente, no podemos otorgar posesión donde ellos corren riesgo y el Estado es el responsable”, dijo.
Según indicó el organismo que dirige ya realizó inspecciones y aunque hasta ese momento no se había comprobado la instalación de familias, si se comprobó que hubo desmontes y cerramientos perimetrales.
De aquellas inspecciones realizadas por el organismo provincial hoy existe una vivienda construida de material y unas tres precarias construcciones de nylon.
La funcionaria coincidió con el fiscal Municipal de Fray Mamerto Esquiú, Marcelo López Acuña, en que los terrenos tienen un alto riesgo hídrico, se encuentran en zona de montaña y se ubican en la zona comprendida por el eje de la ruta provincial N°1, competencia de Vialidad Provincial.
Para Baigorri es imposible que el Estado pueda avalar la ocupación de los terrenos y señaló que se ultiman detalles para elevar la situación a Fiscalía de Estado, para que faculte al organismo a continuar el trámite que según admitió irá camino al desalojo.
“El Estado es responsable de lo que les pueda pasar, entonces el Estado no puede dejar que las familias vivan ahí”, insistió. En ese marco aseguró que se tomarán las medidas para resguardar a las personas que ya viven allí.
Señaló que en los próximos días se avanzará con nuevas inspecciones para corroborar cuantas familias son las que se encuentran instaladas y dar continuidad a los trámites formales.
“Somos un órgano administrativo, somos administradores de las tierras del Estado, pero no tenemos el poder de policía. Cuando pasan estas situaciones mandamos a Fiscalía de Estado para que ellos tomen cartas en el asunto y comúnmente nos apoderan conjuntamente con un abogado de Fiscalía para que tomemos cartas en el asunto”, dijo.
Admitió además que se trata de una situación diferente a la usurpación realizada en la zona conocida como La Planchada, que se ubica en el margen Oeste de la misma ruta y a escasos metros del lugar en conflicto. Según indicó, La Planchada no tenía riesgo hídrico y tenía factibilidad para la instalación de servicios.
Al respecto, dijo que en ese lugar se encuentran iniciados 20 saneamientos, donde además se construyeron varias viviendas sociales.
Baigorri señaló que el organismo recibe una gran cantidad de solicitudes de donación, pero dijo que no en todos los casos es posible que se concrete, ya que en muchos se trata de terrenos que no son propiedad del Gobierno provincial, y pertenecen a un municipio o bien tienen dueños particulares.
En este contexto, manifestó que se comprobó un crecimiento de esta modalidad, en la que se desarrollan instalaciones masivas y luego se inician trámites para solicitar su posesión.
Agregó que para proceder se solicitan informes a Catastro para comprobar el dominio del espacio, además de comprobar si efectivamente es un lugar que cuenta con condiciones de habitabilidad y si realmente el solicitante es una persona que no tiene propiedad.
En este sentido, señaló que recientemente se realizaron varias recuperaciones de terrenos en la zona norte de la ciudad Capital, mediante un procedimiento en conjunto con Fiscalía de Estado, debido a que no estaban las condiciones dadas.
Si bien admitió que en muchos casos se trata de gente que no cuenta con un lugar para vivir, señaló que en otros tantos existe intencionalidad de adueñarse de tierras fiscales.
“Entendemos que efectivamente hay gente que tiene necesidad, pero sabemos que hay otros que lo hacen con algún tipo de picardía, especulando que se les entregue un lugar para vivir”, dijo.