El fiscal federal catamarqueño Rafael Vehils Ruiz informó que pidió formalmente que el ex juez federal riojano Roberto Catalán, condenado por delitos de lesa humanidad, vuelva a la cárcel. Lo hizo luego de que Catalán, condenado en 2016 a doce años de prisión por colaborar con la dictadura, fuera grabado en video mientras violaba su prisión domiciliaria. Vehils Ruiz integró como fiscal el tribunal que condenó al ex magistrado.
"La agrupación Hijos sorprende al condenado Catalán violando la modalidad de cumplimiento de la pena. En el video se lo ve saludable, valiéndose de sus propios medios, burlándose una vez más de la sociedad", dijo el fiscal en diálogo con El Ancasti. Añadió que "el Ministerio Público ha pedido formalmente esta mañana, a través de la fiscal María Virginia Miguel Carmona, que se revoque la modalidad de cumplimiento y el condenado sea trasladado inmediatamente al Servicio Penitenciario de la ciudad de La Rioja y no en otro lado, haciéndole saber que no es la única causa que tiene".
El funcionario de la dictadura, que había sido nombrado en el cargo por Videla en 1976, cumplía la condena en su casa de La Rioja. Desde la agrupación Hijos difundieron un video en donde se lo ve circular tranquilamente por la calle y entrar a su casa con una bolsa de compras en la mano. Al ser escrachado, Catalán levanta su brazo y saluda a la cámara. “¿Me vas a sacar una foto?”, dijo en tono burlón.
“Está preso usted, no puede salir ni a la puerta -le gritaron desde el otro lado de la cámara-. Está preso por genocida, lo voy a escrachar”.
Responsabilidad
Catalán fue juez federal durante la última dictadura luego de que Jorge Rafael Videla lo nombrara en el cargo en 1976. Fue condenado en 2016 por colaborar desde el Poder Judicial con los crímenes de lesa humanidad cometidos en su jurisdicción.
La Fiscalía que participó del juicio oral y público en el que se evaluó su responsabilidad y la de otras 60 personas en casos de torturas, secuestros y desapariciones consideró probado que el ex juez "tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias armados del Instituto de Rehabilitación Social" (un centro clandestino de detención).
La misma fiscalía recordó que, tras los interrogatorios, los detenidos eran devueltos al IRS. "La única prueba que tuvo el juez Catalán para condenar a quienes condenó fueron las indagatorias tomadas bajo tortura", subrayó en aquel entonces la Justicia.
A pesar de haber sido condenado a 12 años de cárcel, debido a su edad y a supuestos problemas de salud, cumplía la pena en su casa de la capital provincial.
El Ministerio Público Fiscal es la única instancia habilitada a discutir cuestiones vinculadas con el cumplimientos de las penas de parte de los condenados. Sin embargo, las querellas privadas han realizado presentaciones no vinculantes en el expediente advirtiendo que el ex magistrado no estaba cumpliendo con su condena como corresponde.
La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, a cargo de Delfor Brizuela, adelantó a que presentará una queja en la que exigirá el "estricto cumplimiento" del arresto domiciliario y advirtió "la relajada custodia federal que debería impedir" que Catalán deambule por la calle. Lo harán el próximo viernes, cuando finalice la feria judicial.