El gobierno de Jair Bolsonaro resolvió en su primer día en funciones traspasar al Ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, una medida que desató las críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.
Una ordenanza para definir la estructura y funciones del Ejecutivo dispuso además que las organizaciones internacionales y las no gubernamentales (ONG) serán supervisadas por la Secretaría del Gobierno, dependiente de la Presidencia.
También excluyó a la población LGBT como beneficiaria de las políticas y destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
"Más del 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola [poblados por ex esclavos fugitivos]. Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños", tuiteó Bolsonaro reforzando su polémica decisión.
