El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se encuentra en una encrucijada luego de la muerte de la beba nacida mediante una cesárea obligada a su madre de 12 años, víctima de violación. Según se conoció, la Campaña por el aborto legal lo denunciará penalmente en las próximas horas, mientras que los sectores conocidos por defender "las dos vidas" reúnen firmas para pedir un juicio político.
Apenas se reanude la actividad judicial, luego de la feria de enero, los sectores pro aborto marcharán hacia los tribunales jujeños para acompañar el escrito contra Morales; su ministro de Salud, Gustavo Bouhid; y los médicos del Hospital Quintana que retrasaron la interrupción del embarazo que establece la ley.
La presentación tiene el aval de la madre de la pequeña de 12 años, violada por un sexagenario en la localidad de San Pedro y obligada a ser madre mediante una cesárea.
Por otra parte y a través de una página de internet, los sectores que se oponen al aborto juntan firmas para pedir el juicio político al gobernador. Pero no por no aplicar la ILE, sino por haber realizado una “cesárea anticipada”.
“La niña por nacer evidentemente necesitaba seguir desarrollándose por más tiempo. Arrancaron a esa bebé del vientre de su madre, aún cuando los médicos expresaron que corría grandes riesgos y que convenía esperar”, sostiene la Comisión Federal de Abogados Pro Vida en un comunicado de prensa.
Morales podría ser denunciado por homicidio ya que el bebé fruto de la violación a la niña de 12 años nació vivo prematuramente por un parto anticipado sin justificación médica. Y murió a los cuatro días como consecuencia de esa prematuridad.
La ILE, establece que el embarazo debe ser interrumpido, lo que efectivamente ocurrió. Pero en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, la cesárea no aparece como método de interrupción del embarazo.n
