El Gobierno de la Provincia ratificó el incremento salarial que otorgó a la Administración Pública y lo hizo extensivo a todas las autoridades superiores, funcionarios fuera de nivel y el personal del Gabinete. Lo hizo en dos cuotas, para completar el 17,5% que acordó con los gremios y además incluyó los $3.000 que se pagaron de paliativo para marzo y abril del año pasado. Desde el 1º de julio, el tope salarial quedó en $70.857.
Mediante el decreto 1668/18, firmado el 18 de diciembre pasado, el Gobierno incorporó a los haberes de los funcionarios lo acordado con la Administración Pública y derogó viejos adicionales. De esta manera, los funcionarios cobrarán un adicional de $1.500 no remunerativo y no bonificable correspondiente a marzo de 2018, otro de las mismas características por abril de 2018; y un incremento salarial del 10% a partir de mayo 2018 y del 7,5% a partir de julio de 2018.
Además, ratificó la derogación parcial para los funcionarios del complemento salarial de carácter no remunerativo no bonificable establecido en el acuerdo de 2012 por el cual se sumaba un 20% de las remuneraciones brutas; y ratificó la derogación parcial del otro complemento creado en 2013.
En reemplazo de ambos, autorizó el incremento otorgado en los montos de la asignación del cargo, del adicional por tareas superiores de Gobierno, del adicional por responsabilidad en el cargo y por tareas específicas, de la compensación de ayuda a la Canasta Familiar, y de un adicional no remunerativo del acuerdo de 2015.
Con el nuevo incremento, la remuneración total por todo concepto y en suma de cargos de las autoridades superiores, funcionarios fuera de nivel, personal de gabinete y personal de cualquier escalafón o convenio de la Administración Pública Central o Descentralizada y sus Entidades Autárquicas, "en ningún caso podrá superar el total de $70.857", y quienes excedan ese tope serán objeto de reliquidación y retención del monto que lo exceda.
El cuadro que ilustra esta nota refleja los montos en los que quedaron los haberes de los principales funcionarios (asignación del cargo) desde el 1º de julio, a los que deben sumarse los adicionales mencionados. Además, se destaca que todos los asesores, coordinadores o supervisores, al no tener un área determinada a su cargo, no perciben el adicional por responsabilidad y tareas específicas, indistintamente del valor de su índice. Estos últimos son la mayoría dentro del Ejecutivo, ya que si bien muchos presentaron la renuncia, solo en 2016 el Gobierno había nombrado a más de 300 asesores/supervisores.
El incremento que se hace extensivo a los funcionarios fue aprobado tras un informe de la Subsecretaría de Recursos Humanos sobre el costo financiero que implicaba, que no está adjunto en el Boletín.n