El viernes terminará la consulta pública convocada por la Secretaría de Energía y el ENARGAS para discutir un cambio en la regulación con la que se establece la tarifa de gas y con esto el Gobierno se encaminar a avalar un aumento extra en las boletas, por sobre el 35% ya anunciado, para cubrir "el costo financiero que tendrían las empresas distribuidoras con la nueva metodología". La confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.
Según informó Bae Negocios, el proyecto impulsado por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cosechó fuertes cuestionamientos de las firmas del sector. El principal punto de disenso es la reducción del plazo del pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, que pasaría de los actuales 75 días a solo 30, con la que el Ejecutivo busca evitar desfasajes ante saltos del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado por la dolarización del precio del gas.
En cambio, las grandes distribuidoras (entre ellas Ecogas) adujeron que como ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega, necesitarán financiarse para poder pagarles a las productoras. Estas compañías compran unos $5.000 millones mensuales a las petroleras y, según sus estimaciones, la reforma las obligaría a financiar $2.000 millones.
"Nos obligan a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca del 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras se cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido”, dijo Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi y ex CEO de Edenor. Sin embargo, el plan del Gobierno es trasladar ese costo adicional a las facturas.
La reforma significaría que el aumento de abril sea mayor al 35% que anunció Javier Iguacel en diciembre. El proyecto de Lopetegui contempla, además, una subasta electrónica a mediados de febrero para la compra mayorista del gas, donde el precio sea fijado por la oferta y la demanda, y ya no por el Estado. Por eso, la audiencia pública que estaba prevista para fines del próximo mes para discutir las nuevas tarifas aún no está confirmada.
El año pasado, luego de muchas críticas, el Gobierno dio marcha atrás con el anuncio de una compensación a las distribuidoras de gas por la devaluación, que iba a ser afrontada por los usuarios, pero finalmente fue abonada por Nación tras una resolución "con carácter excepcional".
Eso incluyó el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
"Atar las tarifas a la suba de los salarios es hipócrita"
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren consideró que reclamar aumento de tarifas en función de los ajustes salariales es "hipócrita" y aseguró que durante el kirchnerismo hubo "mucha mayor insensibilidad" que ahora frente a la cuestión energética.
"Hablamos ahora de que las tarifas tienen que ajustarse al índice de actualización de salarios. Del 2003 a 2015 las tarifas de Edenor y Edesur, en Capital y Gran Buenos Aires subieron 200%. El tipo de cambio aumentó un 1.200%, la inflación, mal medida por un INDEC que mentía, aumentó un 1.500% y los salarios, 1.800%. ¿Y ahora le piden al Gobierno que se ajuste en función del incremento salarial?", se quejó el ex funcionario.
En ese sentido, cuestionó a la oposición por pretender ese ajuste: "ellos votaron una ley de Presupuesto que tiene objetivos como llegar a déficit cero este año", remarcó.
