El juez federal Claudio Bonadóo ordenó más de 80 operativos en reparticiones públicas y empresas privadas en búsqueda de más datos sobre obras públicas que se realizaron entre 2003 y 2015, en el marco de una causa paralela a la conocida como la causa de los cuadernos.
De los procedimientos, las fuerzas de seguridad recolectaron información administrativa, actas societarias y otros documentos de unas 70 empresas, aunque según informó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Julio Crivelli, al portal Infobae, no son todas las involucradas en la causa.
Entre los titulares de esas empresas se encuentran algunos de los acusados en la causa que confesaron haber pagado coimas y que luego se convirtieron en imputados colaboradores de la investigación. Algunas de las compañías son IECSA, del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra; o Electroingeniería, cuyo dueño Gerardo Ferreyra está procesado y detenido en esta causa.
También aparecen Benito Roggio e Hijos; Esuco, del ex presidente de la CAC, Carlos Wagner; José J. Chediack, a cargo de Juan Chediack (también ex titular de la Cámara de la Construcción); entre otras.
En el listado aparecían además Decavial, Supercemento, Luis Losi, Panedile Argentina, Coarco y Equimac, cuyos titulares confesaron el pago de coimas en declaraciones como arrepentidos o en indagatorias. Algunos fueron procesados mientras que otros todavía no vieron resuelta su situación procesal.
Los nombres de las empresas los aportó el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recaudado el dinero para otorgar las coimas a los ex funcionarios y los empresarios.
Todo inició con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien detalló en los cuadernos cómo trasladaba a Roberto Baratta, ex mano derecha del entonces ministro de Planificación Julio De Vido.
Campillo insiste
La defensa del arrepentido ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, apeló el fallo con el que el juez Bonadío le rechazó la excarcelación en la causa de los cuadernos. Mediante un escrito que presentó su defensor oficial, Gustavo Kollmann, cuestionó la decisión del magistrado a la que calificó como una “intromisión excesiva” porque rechazó la excarcelación cuando no había ningún riesgo procesal para hacerlo.
Kollmann remarcó que Bonadío “desatendió abiertamente” la opinión del fiscal Carlos Rívolo quien había dictaminado en favor de la libertad de Campillo.