Organizaciones defensoras de la niñez denunciaron que a través de una decisión del Gobierno nacional se recortaron 932 millones de pesos de las partidas asignadas por el Congreso Nacional a la Defensoría, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
La medida fue calificada como “violatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En incumplimiento del Presupuesto 2019 sancionado por el Congreso el 25 de octubre pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, firmaron el 11 de enero una decisión administrativa que no toma en cuenta las modificaciones que había realizado el Poder Legislativo en los fondos destinados a estas tres áreas clave para garantizar los derechos a los niños de todo el país.
El Gobierno había intentado disminuir en términos reales la asignación presupuestaria en la Defensoría y la Comisión en un 67% y un 35% los programas del SENNAF, de acuerdo al proyecto de Presupuesto que presentó el 17 de septiembre. Esos montos son los que se oficializaron en la decisión administrativa y no los incluidos en el artículo 16 del Presupuesto por el Congreso, que aumentaba los fondos en $932 millones.
“La medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”, advirtieron desde el colectivo Infancia en Deuda, que nuclea a 14 organizaciones de la sociedad civil.
Las ONG señalaron que el ajuste afectará directamente a la población más vulnerable y adelantaron que impugnarán la decisión porque el Poder Ejecutivo no respetó la facultad del Poder Legislativo.
El recorte se da además con una Defensoría acéfala, ya que el 2018 terminó sin la designación del puesto creado por ley 26.061 en 2005 y vacante hace 13 años. Tanto la Defensoría como la Comisión que debe designar al defensor contarán con un 65% menos de recursos para desarrollar sus tareas. “En el contexto actual, en el cual el 48% de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”, denunciaron desde Infancia en Deuda.