Un grupo de alrededor de 40 trabajadores contratados del Ministerio de Servicios Públicos se encuentra en estado de alerta y amenaza con paralizar el funcionamiento del organismo si es que no se da una respuesta concreta a su situación laboral.
Se trata de trabajadores con 3 y 7 años de antigüedad que permanecen bajo contrato de obra. Pese a los reiterados compromisos de que accederían a estabilidad laboral, aseguran que aún no hubo respuestas concretas.
Los contratados incluyen personal administrativo y profesionales como abogados, contadores, técnicos y demás, que aseguran cumplen una función importante dentro del funcionamiento operativo y administrativo del ministerio.
La última incorporación de más de 500 trabajadores al Estado provincial fue la gota que colmó la paciencia. Servicios Públicos es una de las pocas carteras que no tuvo pases a planta mientras que en otras se realizaron una veintena de incorporaciones.
Según indicaron, el malestar es porque desde hace años el compromiso está en que podría acceder a una planta permanente, sin embargo ni siquiera lograron un cambio de tipo de contrato.
En paralelo dicen que las nuevas incorporaciones al Estado -en varios casos- cuentan con antigüedad menor a un año. “La vemos pasar desde hace 5, 6 años. Pagamos monotributo y nos renuevan los contratos cada seis meses. Si nos vamos no queda nadie”, afirmaron.
Según relataron, cada seis meses –cuando se renuevan los contratos- es la misma incertidumbre, pese a que desde hace tiempo el expediente para avanzar en la situación permanece a la espera.
El malestar los llevó a plantearse la posibilidad de no retomar las actividades una vez que concluya el receso. Sostienen que cumplen funciones vitales en el área que administra los servicios indispensables para la población catamarqueña.
Según indicaron, el organismo solo cuenta con quince personas de planta permanente mientras que casi su totalidad está integrado por personal contratado.
“Sentimos que nos toman el pelo. Cada seis meses no sabemos si seguimos o no”, cuestionaron, mientras se lamentaron que ni una sola persona de ese ministerio pudo ingresar a planta con la última designación del Gobierno de la Provincia.
El último contrato del 2018 venció el 28 de diciembre y tuvieron que pasar el mismo temor de quedarse sin trabajo a fin de año. El nuevo contrato ya se firmó y será hasta junio, pero siguen sin certezas.
Según indicaron, en esta oportunidad tampoco recibieron un incremento salarial, que año a año se otorgaba al personal contratado.
El conflicto se da justo en momentos en que el servicio de transporte público atraviesa una profunda crisis y cuando la oposición cuestiona al titular de la cartera, Guillermo Dalla Lasta, por la demora en el envío de información al ente de control (EnRe) sobre la aplicación de la tarifa social de energía eléctrica, cuyos pasos administrativos dependen del personal que clama por su estabilidad laboral. “No estamos disconformes con el trabajo, mejoraron mucho las condiciones edilicias del ministerio, pero el problema es la falta de estabilidad”, remarcaron.