En su descanso en el sur del país, el presidente Mauricio Macri repasó con sus allegados la agenda legislativa que pretende encarar en este año electoral y puso énfasis en la Oficina Anticorrupción, sobre la cual planea una profunda reforma con la intención de darle mayor autonomía y hacer de esa dependencia un sello propio de su gestión hacia el futuro.
Macri está convencido de que se vendrá una etapa que algunos despachos de la Casa Rosada denominan de "emprolijamiento institucional", según publicó Infobae. En esto el Presidente incluye la reforma a la Oficina Anticorrupción, que hasta ahora fue manejada por Laura Alonso y cosechó muchos cuestionamientos de la oposición por no haber sido suficientemente dura en sus decisiones con algunos funcionarios o actos del Gobierno.
"Queremos que la administración de Macri sea recordada por la lucha contra la corrupción y esta reforma a la Oficina Anticorrupción es uno de los ejes que nos propusimos para este año", reveló a ese medio un destacado funcionario de la Jefatura de Gabinete.
Esta reforma planteada para la oficina estará incorporada dentro de un amplio proyecto de reforma a la Ley de Ética Pública, que desde su creación en 1999 no sufrió demasiados ajustes y aparece como retrógrada en función de los cambios de la actualidad.
El proyecto de reforma fue elaborado por el equipo que conduce en la Jefatura de Gabinete el discípulo de Lilita Carrió Fernando Sánchez y se encuentra a la revisión de Macri en un borrador que esta semana fue directo a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que conduce Pablo Clusellas.
Si bien no trascendieron mayores detalles, ya que aún no está claro si la iniciativa se empezará a debatir en febrero en sesiones extraordinarias o si Macri lo postergará todo para un gran anuncio en la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo.
Según expresaron tres funcionarios de la Casa Rosada que trabajaron en la redacción de ese texto, el objetivo central es que la OA tenga autonomía funcional y autarquía presupuestaria. Es que hoy esta oficina depende en gran medida del Ministerio de Justicia y la designación de su director la define el Presidente.
La intención es que en el futuro el titular de la Oficina Anticorrupción se defina por medio de una consulta pública y el mandato se fije por 5 años, igual que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Por otra parte, el borrador del proyecto contempla para la OA una mayor capacidad institucional para aplicar un nuevo catálogo de sanciones a los funcionarios más duras que las que rigen actualmente.
El nuevo esquema del organismo propondrá también un nuevo régimen de conflictos de interés, clarificando los supuestos conflictos e incompatibilidades de los funcionarios e incorporando un capítulo especial de la "tenencia accionaria", una figura que hoy no existe.
Este tema resulta ser muy sensible si se tiene en cuenta la polémica que se desató tras el acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino por la deuda que la empresa tiene con el Estado, que aun sigue bajo investigación judicial. Por el caso fue imputado el ex ministro de Comunicación y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad.
A su vez, se evalúa un esquema de poder de la Oficina similar al que se fijó para la Agencia de Acceso a la Información Pública que ahora es un ente con autarquía creado por ley.
