En un juicio unipersonal, en la Cámara Penal Nº3, el juez Marcelo Soria declaró culpable como coautora penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública a la ex intendenta de San José , Mónica Hernández. La condena fue a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La contratación cuestionada por irregularidades fue del año 2008. Tras idas y vueltas, la causa llegó a juicio una década después.
La acusación estuvo a cargo del fiscal de Cámara subrogante, Alejandro Gober. Los hechos que fueron ventilados en la Justicia surgieron a partir de un contrato de locación de un camión en la localidad de San José entre Oscar Maldonado, propietario del rodado, y la ex jefa comunal. El acuerdo se selló el 31 de diciembre de 2007 y establecía que la locación incluía chofer y seguro, mientras que la ex jefa comunal se hacía cargo de la provisión del combustible. El contrato se estableció en la suma de $19.800, que puesto a valores actuales, es equivalente a $ 254.000 por mes. El plazo de ejecución era desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2008.
En su fundamentación, Gober consideró que hubo un “ardid entre la intendenta y su cómplice que tendía a obtener un beneficio indebido, determinado por el exorbitante y abultado monto del contrato”.
En esta línea, consideró que se produjo un perjuicio económico a la administración pública ya que se dispuso el pago de esos $ 19.800 desde enero hasta agosto de 2008.
En otro punto consideró que Hernández intencionalmente eludió la contratación por licitación pública como correspondía.
En aquel momento, la normativa fijaba que una contratación directa podía realizarse hasta $ 10.000 y debería realizarse por licitación para sumas superiores a $ 200.000. El alquiler del vehículo representaba un gasto anual de $ 237.600, sin considerar el combustible.
Agregó que al no realizar licitación pública omitió una serie de actos administrativos, tal como cumplir con el régimen de transparencia, participación de autoridades competentes para autorizar, aprobar y adjudicar las contrataciones en la licitación pública.
De esta manera, concluyó que al no haber convocado a licitación como correspondía no pudo obtener el municipio la oferta más ventajosa para la prestación de ese servicio.
Al finalizar, el fiscal solicitó la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, más la pena de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
Defensa A su turno, la defensa de la ex intendenta, que ejercieron los abogados Jorge Toledo y Pedro Despouy, pidió la nulidad de todas las actuaciones.
En su argumentación, sostuvo que el hecho que se había cuestionado como irregular no encuadraba en el delito tipificado como fraude a la administración pública. "Se habla de un ardid por la firma de un contrato de locación para el uso de un camión para riego, ¿qué hay de ardid en eso?", preguntó.
"La acusación presenta un gravísimo error, no hay un engaño con solo firmar un contrato de locación", sostuvo.
Por otra parte defendió la contratación directa al señalar que en ese momento había una ordenanza que declaraba la emergencia hídrica y se podría contratar de manera directa. "Por eso no puedo significar ningún delito contratar un camión para abastecer de agua al pueblo", agregó.
Tras la intervención de los letrados, Hernández se declaró inocente y pidió que se haga justicia.
Una hora después se conoció la sentencia del juez Marcelo Soria, quien coincidió con el pedido que realizó el fiscal Gober. Los fundamentos se conocerán el 1º de octubre a las 12.
"Un fallo político"
Al término de la audiencia, la ex intendenta consideró que se trató de un fallo político y cargó también contra el ex fiscal Marcelo González, que instruyó la causa en la primera instancia.
"Estos cargos (por la Intendencia) son para los políticos y no para los que hacen las cosas bien por el pueblo. No me sorprende el veredicto porque sabemos cómo es la Justicia y en manos de quién está.
Lo tomo más como un fallo político, como para no dejar seguir en un lugar político. Pretenden decir que en esta democracia no podés ser nada", señaló y agregó que no tenía la intención de volver a candidatearse.
"Hace diez años que vengo luchando con esto, con un fiscal que ya no es fiscal y que está en peores condiciones que yo, porque no se conoció un caso en el que hubiera hecho justicia", dijo en alusión a Marcelo González, quien renunció al cargo en mayo para evitar someterse al jury de enjuiciamiento.
"Como sabemos, en Santa María hay mucha gente que sigue esperando justicia, como es el caso de Agustín Lagoria", expresó en referencia al caso de la muerte del reconocido locutor, que ocurrió en agosto cuando estaba reunido con otras personas en un primer piso y alguien lo empujó por un balcón que no contaría con protección.
