Tras el fallo, el abogado de Mónica Hernández, Pedro Despouy, adelantó que la defensa interpondrá un recurso de casación en contra de la sentencia del juez de la Cámara Penal Nº 3 cuando se conozcan los fundamentos.
“Lo digo con objetividad, no entiendo cómo puede justificarse una condena ante un hecho que no encuadra en ningún artículo del Código Penal. Para condenar a una persona, ese hecho tiene que encuadrar en alguna figura del Código Penal y aquí ha quedado demostrado que no hay un ardid ni conducta defraudatoria”, sostuvo.
"Vamos a ir a la Corte de Catamarca y si se ratifica esta arbitrariedad vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", adelantó.
En la causa quedará pendiente la situación de Oscar Maldonado, quien alquiló el camión. Es que demás de la ex intendenta, también iba a ser juzgado el dueño del camión como "co-autor". Es que en la primera audiencia el abogado de Maldonado, Víctor García, llegó tarde y el presidente del tribunal, Marcelo Soria, le impidió el ingreso. Su defendido también debió abandonar el recinto y su situación quedó pendiente de resolver para otro proceso.
Finalmente, la causa llegó a debate oral luego de varias estrategias judiciales para evitarlo. Cada vez que se decidía iniciar el juicio, la defensa de la ex jefa comunal realizaba una presentación que ponía trabas al cierre de la causa. En el largo camino para llegar al juicio, debió intervenir hasta la Corte de Justicia.
Otro caso a juicio
Según trascendió, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública elevó a juicio una causa por peculado que compromete a ex funcionarios de la Municipalidad de Valle Viejo, durante la gestión anterior de Gustavo Jalile.
La causa se originó por la denuncia efectuada por el municipio en diciembre de 2011 cuando asumió la ex intendenta Natalia Soria. El ex director de Acción Social Luis Vargas, el ex capataz general Juan Carlos Fernández y el ex director de Obras y Servicios Públicos Juan Carlos Barrionuevo son algunos de los imputados porque supuestamente habían recurrido a empleados municipales para realizar obras particulares en sus domicilios.
La causa recayó también en la Cámara Penal Nº 3, pero ya habría ingresado una oposición por parte de alguno de los imputados.