cada vez son más los indicios de una trama de corrupción montada en la Administración Provincial de Vialidad en base alquiler de maquinaria, en la que estarían comprometidos funcionarios y empresarios. Las irregularidades en la contratación de horas máquinas no serían recientes, sino que llevan ya varios años afianzándose en el organismo.
El destape comenzó cuando se conoció que en 2016 se había radicado una denuncia por vehículos que habían sido alquilados por Vialidad al empresario Víctor Núñez y que tenían títulos mellizos. Sin embargo, con el paso de los días se fueron conociendo más detalles de un sistema y la lupa judicial se enfocó en las operaciones que realiza el Estado con la contratación de horas máquinas para obras viales.
Son varios elementos los que llaman la atención. Las contrataciones de maquinarias se realizan siempre bajo la modalidad de concurso de precios para evitar un llamado a licitación. La estrategia es no superar el tope de los $6.000.000, que obligaría al organismo a realizar un llamado a licitación.
Una arista que ahora se investiga se relaciona con concursos de precios que fueron ganados por la empresa Dimen para realizar determinadas obras. El empresario Víctor Núñez cedió “gratuitamente” y en comodato varias de las máquinas de su propiedad al empresario que ganó el concurso.
Así, aparecen entre las máquinas cedidas, por ejemplo, una cargadora Tian Gong, modelo WZ 3G, con el dominio ASI-48, y también una motoniveladora Tian Gong Py 160 H, con el dominio ATR 50. El número de título de ambas máquinas es el “2282449”: el mismo número de título que el agente Jorge Ovejero había identificado en una cargadora Tian Gong, modelo ZL30G y en una topadora Caterpillar, modelo D8K.
Es decir que se estaría ante un mismo título cuadruplicado para identificar distintas maquinas que se le alquilaron a Vialidad.
Otro modus operandi fue el de cerrar contratos por maquinarias que debían cumplir determinadas condiciones técnicas, pero luego se ponía a trabajar a otras que no reunían las mismas características del contrato. Según trascendió, es habitual la presión o el apriete al trabajador que se negaba a recibir maquinaria obsoleta o que no cumplía con las condiciones del contrato. De ahí viene la preocupación que algunos viales le expresaron al secretario general del sindicato, Sergio Berrondo, para que tome intervención.
La investigación judicial puso bajo la lupa la trama de corrupción que se genera por el alquiler de horas máquinas, pues es muy difícil comprobar si se cumplió con el objetivo de la contratación. Casualmente, las máquinas que están denunciadas en la Justicia aparecen radicadas en otros lugares.
Así, la topadora Caterpillar, modelo D8K, que tiene dominio ACE 54 aparece como un tractor que está asentado en la localidad de 9 de Julio. La motoniveladora, registrada bajo el dominio ATR 50, corresponde a maquinaria registrada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El tercer caso es el de una cargadora, que consigna el dominio ASI 48 que también sería apócrifo, ya que tampoco estaría registrado en la provincia, pues sus datos corresponderían a un vehículo radicado en la localidad de San Pedro.
Las sospechas en la justicia
La investigación judicial contempla varias aristas:
La falsificación de títulos de maquinaria vial pesada que luego fue contratada por Vialidad Provincial, una maniobra que tendría algunos años.
La cesión en comodato de esa misma maquinaria con títulos adulterados a otras empresas que ganaron concursos de precios.
Se indaga si las máquinas contratadas cumplieron las horas para las que fueron contratadas y si realmente estuvieron en Catamarca, porque tres con título falso están inscriptas en otras provincias. Se pusieron bajo la lupa las operaciones que Vialidad realizó desde 2015 hasta ahora.
Se investiga si los concursos de precios fueron direccionados para favorecer a un grupo de empresarios y si se pagaron precios sobrefacturados.
Es llamativo el incremento en el gasto de alquiler durante el año pasado. Mientras que en todo 2015 se había generado un gasto de unos 50 millones de pesos, en 2017 la cifra destinada a pagar a terceros trepó a 138 millones de pesos: nada menos que un 176% más en solo dos años.
