la titular del registro del automotor N°1 realizó una presentación en Fiscalía General

Vialidad: nuevas denuncias por títulos apócrifos de maquinarias

La Justicia contaría con documentación sobre la falsificación de títulos de dominio de los vehículos alquilados, con firmas y sellos apócrifos.
miércoles, 29 de agosto de 2018 · 04:01

La Justicia recibió una nueva denuncia en el marco de las irregularidades detectadas en la contratación de maquinaria pesada por parte de la Administración de Vialidad Provincial.
La titular del Registro Nacional del Automotor N°1, Rosario Andrada, hizo una presentación ante la Fiscalía General de la provincia, a cargo de María del Milagro Vega, en la que solicitó se investigue la posible comisión de delito en el marco de las irregularidades denunciadas, además de la falsificación de documentación pública y de firmas, según indicaron fuentes judiciales consultadas.

Resulta que el Registro del Automotor N°1 tiene competencia en el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial (MAVI), donde se asientan todos los vehículos comprendidos por maquinaria pesada destinada a las diferentes actividades que se desarrollan en la jurisdicción provincial. 
No solo se trataría de adulteración de documentos sobre el dominio de los vehículos, sino de una maniobra de falsificación de documentos públicos y la falsificación de firma de funcionarios públicos.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública ya comenzó a investigar la situación a raíz de la denuncia efectuada por un trabajador del organismo por contrataciones realizadas a favor de empresas locales sobre vehículos destinados a la ejecución de obras viales, cuyos casos presentaban documentación hasta triplicada. Como primera medida secuestró el expediente relacionado con las supuestas irregularidades. La presentación de ayer también ya fue remitida a esa unidad.

Jorge Omar Ovejero, el empleado que se desempeñaba como encargado del registro de proveedores en la administración vial, fue quien realizó la denuncia inicial en 2016, presentando documentación que avala sus dichos y que ahora volvieron a cobrar fuerza.

Ahora la Justicia tiene en sus manos otra herramienta que apunta a la posibilidad de una asociación ilícita en perjuicio de la administración pública provincial, ya que se trata de maquinaria inexistente –al menos en lo legal- que realizó obras públicas, por las cuales Vialidad pagó abultadas sumas de dinero.

La situación involucraría no solo a empresarios del medio, sino también a funcionarios provinciales. E incluso podría llevar a que se revisen todos los contratos realizados por el organismo.

Solo por los medios
Pese a la gravedad de la denuncia, el titular del organismo provincial, Hugo Naranjo, aseguró que solo conoce de la situación por los medios periodísticos y que no existe en el organismo ninguna documentación que se refiera a la irregularidad. “Este señor que advirtió nunca lo hizo por escrito, sino este trámite no hubiera seguido. No puedo estar detrás de cada uno de los empleados para que me vengan a decir en el oído mire esta documentación está mal. Recién me estoy enterando por medios periodísticos de esta situación”, aseguró el funcionario en diálogo con radio Valle Viejo.

También trató de deslindar responsabilidad en torno a las maniobras denunciadas. “Nosotros pedimos una D8, va al lugar de trabajo, constatamos que sea una D8 y la máquina empieza a trabajar. Si la documentación del equipo está adulterada o no ya es una cuestión que escapa a nosotros; lo que a nosotros nos interesa es que el equipo esté en condiciones, que trabaje y haga el trabajo para el que nosotros lo alquilamos”, remarcó.

Destacó además que el empleado denunciante nombra a un superior, “pero tampoco da nombres”, según su criterio. “Todo lo que conozco es por versiones periodísticas, no tengo ninguna citación de la Justicia. Lo único que hizo la Justicia fue pedir la documentación del concurso, que ya se le entregó, y hasta el momento Vialidad no tiene más conocimiento que eso”, insistió.

Naranjo relató también el proceso a través del cual se realizan las contrataciones y aseguró que intervienen muchas personas. Remarcó además que no se verifica si es que el motor es el que se detalla en la documentación presentada y responsabilizó directamente a los oferentes. “Si a mí me viene una copia certificada por un escribano público no puedo ir contra el escribano público, ni contra el empresario, si tengo la máquina y el título”, dijo.

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