todos tenían el mismo número de serie

Se habrían detectado documentos con registros triplicados

miércoles, 29 de agosto de 2018 · 04:00

Hasta el momento la Justicia tendría en sus manos información en la que consta que al menos tres máquinas habrían sido registradas con un mismo título de un solo vehículo inscripto en Catamarca.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, se habría utilizado un mismo título original registrado como serie 2282449, que corresponde al dominio ART 05 y sobre ese mismo formato se falsificaron títulos para otro tipo de maquinaria.

El registro corresponde a una cargadora marca D54 Tian Gong- modelo 016-ZL30G; motor Cummins N°69431169 – chasis Tian Gong N°0704002; modelo 2006, fabricada en China, y que habría sido registrada en Catamarca en 2017, que se trataría del único vehículo con documentación fidedigna y que habría sido el instrumento de origen para la falsificación de otras máquinas.

En todos los casos la serie 2282449 se repite, pese a que se trata de una información correlativa otorgada por los organismos nacionales, que hacen que sea imposible que en todo el país exista maquinaria con la misma numeración.
El primero de los casos donde se habría detectado la falsificación corresponde a una topadora, que consigna el título bajo el dominio ACE 54, que sería adulterado.

La topadora registrada bajo el dominio nunca estuvo en Catamarca y en realidad se trata de un tractor que se encuentra registrado en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.
Un segundo caso es el de una motoniveladora, registrada bajo el dominio ATR 50 que sería falso, ya que esta información corresponde a maquinaria registrada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

En este caso la marca, tipo, motor, chasis, titular dominial, fecha de inscripción, firma y sello de autoridades del registro serían apócrifos. La modalidad se repite bajo la misma serie “2282449”.
Un tercer caso es el de una cargadora, que consigna el dominio ASI 48 que también sería apócrifo, ya que tampoco estaría registrado en la provincia y cuyos datos corresponderían a un vehículo radicado en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Maniobras
La denuncia presentada por el empleado vial podría desentramar una maniobra millonaria con fondos del Estado provincial.

De acuerdo con la información a la que accedió este diario, la maniobra se habría iniciado con un título original de una cargadora registrada en Catamarca, cuya documentación fue copiada sobre la documentación original impresa, donde consta el número de serie, en este caso “2282449”. De allí en más todos los datos consignados en forma manual fueron adulterados, otorgando números de dominio falsos, que corresponden a otra maquinaria que ni siquiera se encuentra en la provincia.

Cada una de las pruebas presentadas cuenta con diferentes características de vehículos, chasis y otros datos esenciales, que en todos los casos serían falsificados, con firma y sello del titular del Registro (que constaría en la denuncia realizada como apócrifo), ya que no se encuentran en la base de datos locales.

Con esta falsa documentación se habrían realizado varias contrataciones de maquinarias realizadas por la Administración de Vialidad Provincial, por varias horas de trabajo y bajo millonarias sumas de dinero, que según las denuncias se cobraron, en algunos casos hasta con un año posterior a la fecha de contratación y supuesta prestación del servicio, que en la mayor parte de los casos se habría realizado en lugares distantes del interior de la provincia.

Antecedentes
No es la primera vez que surge un manto de dudas sobre la contratación de maquinaria de empresas privadas que realizan los organismos públicos.
En 2010-2011 fue la Municipalidad de la Ciudad Capital, por entonces en manos del FCS, la que gastó más de $20 mil por día en el alquiler de maquinaria.

Las inconsistencias detectadas daban cuenta de que el municipio para tener ese gasto debería haber contratado máquinas privadas los 365 días del año, trabajando incluso feriados y fines de semana.
Las contrataciones de aquella época tenían como beneficiarios a un grupo de 48 proveedores locales, entre los cuales se encontrarían algunos de los empresarios señalados hoy nuevamente en la Justicia.

En aquel momento la gran cantidad de horas de trabajo y las abultadas sumas de dinero otorgadas por obras municipales generaron más de una duda en relación con la disponibilidad de recursos para las contrataciones y los trabajos realizados en beneficio de la población.
También en aquella oportunidad las miradas se posaron en las contrataciones que el municipio realizaba a cooperativas locales, vinculadas con empresarios, hoy nuevamente cuestionados.

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