La polémica por la despenalización del aborto se instaló en la salud. Alrededor de 50 médicos firmaron un petitorio que será elevado a los senadores nacionales por Catamarca en el que solicitan el acompañamiento y el voto a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En la vereda opuesta, un grupo de trabajadores de la salud de Andalgalá organizó una marcha local en rechazo a la iniciativa y “en defensa de las dos vidas”. (Ver relacionado).
“Nos posicionamos como defensores de la vida, nos pronunciamos a favor del derecho a decidir, en concordancia con el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por eso pedimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, señala la misiva que recorrerá varios centros asistenciales para buscar firmas de adhesión.
La postura fue puesta de manifiesto cuando se desarrollaba la segunda jornada de debate en el Senado de la Nación, donde se expusieron opiniones encontradas de referentes de la salud en torno a la despenalización.
El planteo de los profesionales catamarqueños expresa además su satisfacción por la media sanción obtenida en Diputados y destaca que “con sólidos argumentos quedó claro que lo que se decide ahora no es si las mujeres deben abortar o no, sino en qué condiciones lo harán”.
Así se expresaron en torno a la polémica que generó una profunda división en la sociedad, con opiniones encontradas y una postura a ultranza de la Iglesia en todo el país.
En la nota, se analiza el tratamiento de la despenalización, que a nivel local se ve atravesado por la religiosidad y la preponderante incidencia de la Iglesia en la comunidad como en la educación, y pide a los legisladores que su decisión sea movilizada como una cuestión de Estado y de salud pública. “Entendemos que nuestra sociedad catamarqueña está atravesada por la fe y la religiosidad, y lo complejo de ejercer la representatividad mediante el voto en este contexto. Por ello les pedimos que, más allá de sus reservas personales, morales o religiosas, puedan atender este asunto como una cuestión de Estado y de salud pública”, señala. Destaca además que el Estado debe garantizar el derecho a gozar de una educación sexual integral, de una salud sexual y reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre.
En este contexto, remarcan que la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo no obliga a ninguna persona gestante a llevar a cabo un aborto, como así tampoco a ningún profesional de la salud a practicarlo.
“Nosotros, como profesionales de la salud, nos comprometemos a acompañar desde nuestros saberes y en cada uno de nuestros campos de acción, a aquellas personas que así lo requieran, en el marco de la ética profesional, entendiendo esto como el respeto por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Como así también a brindar y promover la Educación Sexual Integral en el marco de políticas de prevención”, expresaron. El documento lleva las firmas de Alejandro Severini, Gabriela Budnik, María Laura Sali, María Eugenia Mazur, entre otros.
Marcha en Andalgalá por las Dos Vidas
Pese a la postura puesta de manifiesto por varios médicos de la provincia, en Andalgalá los trabajadores de la salud organizaron una marcha alrededor de la plaza principal de la ciudad “en defensa del niño por nacer y de la mujer”. La manifestación fue organizada para este sábado 14 a partir de las 18.
Organizado por personal del Hospital Zonal de Andalgalá del Área Programática N°9, la movilización pretende ser “un gesto simbólico en la defensa del niño por nacer y de la mujer, para hacer escuchar su voz y recordarles a los senadores que los profesionales de la salud realizamos un juramento de cuidar, curar y salvar vidas”, expresa la convocatoria.
Llamó la atención que la organización de la marcha surja organizada desde el Área Programática Nº 9, ya que depende del Estado provincial.
Cruce en el justicialismo durante el debate en el Senado
En el marco de una nueva jornada de exposiciones por la despenalización del aborto en el Senado Nacional, el justicialista José Mayans protagonizó un cruce con su jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien sostuvo que en los hospitales públicos "no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia" frente al aborto, al cuestionar la exposición de una médica.
La expositora fue María de los Ángeles Carmona, ginecóloga y representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que "la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público".
Carmona criticó "el no permitir ejercer la objeción de conciencia cuando el médico sea el único disponible" y agregó: "Los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel. Debemos preservar la libertad de conciencia".
Pichetto le salió al cruce y señaló que "la ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si trabaja en el sector público, está obligada a cumplir la ley".
El senador también hizo una cerrada defensa del proyecto al indicar que "no va a haber más interrupciones del embarazo porque esté la ley, va a haber más garantías" y pidió que los médicos y los representantes del Estado "tengan una mirada más amplia, más humana".
Todos los senadores que se oponen a la legalización del aborto cuestionaron a Pichetto por "carear" a una expositora y dar "una opinión personal", pero el más duro fue Mayans: "Yo disiento del presidente de bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el público o para el privado".
"Desde cuándo la vida es el tema acá. Desde la concepción es la vida; la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, no existe en Argentina la pena de muerte", expresó el formoseño. "Porque acá somos más benignos con delincuentes y criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente, ¿la solución cuál es? Se lo mata". Sostuvo además que en Diputados la media sanción "salió con votos a favor forzados" y que "es inaplicable".
