El Gobierno nacional resolvió que no homologará acuerdos o convenios de trabajo que fijen sumas salariales o aumentos no remunerativos, con el objetivo de "resguardar los recursos genuinos destinados a la seguridad social". Además, por decreto, se resolvió congelar el ingreso de personal al Estado para lograr "una Administración más eficiente". ATE ya se expresó en contra de esta última medida.
En el Boletín Oficial se publicó el decreto del Ministerio de Trabajo que entrará en vigencia dentro de 30 días y en el que se establece que esa cartera "no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250, aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo", dice textual.
"La medida alcanza a los planteos administrativos que formulen los interesados al invocar la existencia de una homologación tácita del instrumento convencional", explicaron desde Casa Rosada.
Trabajo justificó esta medida al señalar que se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales, que se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, "cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio". "Resulta necesario, en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional, normalizar dichas prácticas convencionales", explicaron. Ahora quedó planteado un conflicto, ya que la mayoría de los gremios que ya cerraron paritarias firmaron con componentes salariales en negro y no son tenidos en cuenta para las contribuciones a la seguridad social.
Sin ingresos al Estado
Además, con un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, se congeló el ingreso de personal al Estado Nacional para disminuir el gasto público 30% y lograr una "Administración Pública más eficiente y eficaz". Tampoco se podrán otorgar bonificaciones, premios o incentivos salariales en dinero. Invitan al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a "adoptar medidas similares".
En el extenso texto oficial, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional "no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019". El decreto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de esas citadas fuerzas.
Además, los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública "quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019".
También se encomendó una serie de relevamientos a vehículos oficiales, y se fijaron restricciones para los pasajes en avión que utilicen los funcionarios.
El gremio ATE cuestionó la decisión y advirtió que las "medidas de fuerza continuarán" hasta que se modifique el "rumbo económico" de la Argentina. "No nos vamos a resignar a que nos reduzcan el salario y nos despidan", dijo el secretario general Hugo Godoy.
