El asesor legal de la Municipalidad de Huillapima, Carlos Scaltritti, aseguró que ni la Municipalidad ni la Policía tienen la obligación de informar a Vialidad Nacional sobre el convenio que se firmó para cobrar multas en la ruta 38. Además, reconoció que el municipio no tiene infraestructura para guardar los vehículos que retiene y por lo tanto lo dejan a la vera de la ruta 38.
Como lo informó El Ancasti, el cobro de multas en el puesto caminero de Nueva Coneta, sobre la ruta nacional 38, no solo implica una fuente de ingresos para la Municipalidad de Huillapima, sino que la Policía de la Provincia se beneficia en igual medida gracias a un convenio vigente desde 2014. Es que la fuerza de seguridad se queda con vales de combustible equivalentes al valor del 50% de lo recaudado, que se utilizan a discreción por la Dirección de Seguridad Vial de la Policía.
Desde Vialidad Nacional habían señalado que desconocían este convenio. Sin embargo, el apoderado legal de la comuna redobló la apuesta y aseguró que no tiene obligación de informar nada a Vialidad Nacional porque tanto la Provincia como el municipio tienen competencia en la ruta nacional.
Consultado por el destino de los vehículos que son retenidos, el apoderado legal manifestó: "En el municipio carecemos de la infraestructura suficiente y quedan a la orilla del camino hasta que el infractor paga la multa y repara el problema. Si el problema es la falta de carné de conductor va una persona a buscarlo y luego puede retirar el vehículo", señaló y manifestó que los vehículos permanecen un "tiempo prudencial".
RECAUDACIÓN
La Dirección de Seguridad Vial se queda con el 50% de las multas que se recauda en el puesto caminero de la ruta nacional Nº 38. El otro 50% es para la Municipalidad.
Sin embargo, en el convenio firmado, el municipio se comprometía a garantizar los elementos para ejercer los controles. "La Municipalidad se compromete a proveer todos los medios necesarios, tales como actas de comprobación, inmovilizadores, grúas, digestos de la Municipalidad de aplicación y de todo otro elemento que sea necesario en un futuro, dentro de las posibilidades del municipio", reza el artículo cuarto.
Scaltrititi defendió la medida tomada por el municipio: "La ruta nacional es pública, cualquier persona que está transitando se puede detener a la orilla de la ruta, no hay ninguna prohibición y usted sabe que lo que no está prohibido está permitido", manifestó en declaraciones a radio Valle Viejo.
“No tenemos porqué comunicarle ni a la Municipalidad de Huillapima, ni a la Policía de la Provincia, ni a el jefe de Vialidad Nacional, Marcelo Patria que se firmó algún convenio. El artículo 2 de la ley nacional de Tránsito es clarísimo, dice que quien puede aplicar la ley es el Estado Nacional, Provincial o Municipios. Vialidad nacional confunde porque la competencia que tiene sobre la ruta nacional es de conservación: mantener la banquina en condiciones, evitar que existan pozos, controlar el peso que transmiten los vehículos a la calzada, pero no así lo relativo a la circulación que es competencia exclusiva del municipio de Huillapima", aseguró.
Recaudación
Scaltritti defendió la posibilidad del municipio de recaudar por infracciones. "Tienen la facultad de cualquier municipio en su jurisdicción, parte del ejercicio del poder de policía que involucra el control de tránsito y otras cuestiones como salubridad, moralidad. Es una serie de cuestiones que vinculan a la municipalidad con este poder de policía", aseguró.
El convenio de cooperación recíproca en el que se respaldan la Policía y el Municipio para emitir actas de infracción sobre el puesto caminero data del 3 de febrero de 2014 y fue firmado por el ex secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, y el intendente de Huillapima, Omar Soria (FJV).
