El presidente Mauricio Macri justificó la decisión de vetar de manera total la ley que limitaba los aumentos de tarifas de servicios públicos en el alto costo fiscal que tendría la medida, la división de poderes y la falta de un criterio federal, y recordó el veto de Cristina Kirchner al 82% móvil.
Con las firmas del propio mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el decreto que será publicado hoy viernes en el Boletín Oficial establece que "el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal 65.886.000.000 pesos durante 2018", según los números que cita de un documento de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
"En esa estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos. Ese costo fiscal total superaría la suma de 115.000.000.000 de pesos para 2018, monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018", indicó.
El líder del PRO planteó que si da curso a la iniciativa aprobada en la madrugada de este jueves por el Senado de la Nación, se "daría origen a un subsidio diferencial para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, en última instancia, será soportado por todos los contribuyentes del país, ocasionando una situación de injusticia e inequidad". "En consecuencia, el proyecto en cuestión implicaría que el Estado nacional incumpla además uno de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal, en donde se comprometió a eliminar subsidios diferenciales para el AMBA en materia energética para el ejercicio de 2019", indicó el texto.