Por ahora el Gobierno analiza la reacción de la oposición frente a la propuesta de la gobernadora Lucía Corpacci de convocar a un plebiscito para consultar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la reforma de la Constitución. Tras el anuncio oficial, el Gobierno siguió sin dar mayores precisiones. Lo cierto es que la propuesta de Corpacci fue sorpresa para la oposición, pero también para sus propios legisladores y ministros, que reaccionaron con algún desconcierto. Fuentes cercanas al Gobierno estimaron que la consulta popular sería en julio y anticiparon que en las próximas semanas se enviaría el proyecto a la Legislatura, pero hasta ahora todo gira en torno a las especulaciones.
Tras el discurso de la primera mandataria, ni el ministro político Marcelo Rivera ni las principales espadas que la mandataria tiene en la Legislatura arriesgaron definiciones. En este sentido, el oficialismo se tomó estas horas para analizar cuál fue el impacto de la propuesta.
Ayer, en declaraciones a Radio Ancasti, el Ministro de Gobierno reiteró la postura oficialista a favor de la reforma, pero no avanzó más con respecto a lo que ya había expresado el martes al término de la Asamblea. "La última reforma fue en el '88 y la reforma de la Constitución nacional es del '94. Tenemos un desfasaje; nuestra Constitución necesita una reforma y cuando uno determina los puntos o encapsula la temática tenemos más diferencias que encuentros con distintos sectores políticos, quizás nos separan algunas miradas de interés sectario", señaló.
"La idea es que sea una reforma integral, una reforma que nos permita a todos tener una mirada de que todo se puede mejorar; preguntar a los ciudadanos qué piensan de esto es lo más saludable. Si bien la consulta es no vinculante, marca una voluntad que evitaría cualquier excusa para no reformar la Constitución", señaló.
Por su parte, la diputada Cecilia Guerrero, presidenta del bloque del FV, admitió que no había más detalles en el anuncio oficial.
"A posteriori y cuando el Ejecutivo envíe el proyecto dará mayores precisiones sobre el tema. Aquí lo importante y lo que hay que destacar es que la iniciativa fue planteada en septiembre de 2014 por la Gobernadora. Todos los sectores políticos se manifestaron reformistas, a pesar de que cuando el proyecto fue objeto de tratamiento por parte de la Legislatura dilataron al máximo las posibilidades de que sea tratado. Cuando se avanzó hacia su tratamiento y se acordó la totalidad de los temas, a última hora, y ya sobre el filo del inicio de esa sesión ordinaria, el bloque de la principal oposición se pronunció en contra de la reforma con lo que no se logró la mayoría calificada para avanzar en su tratamiento", recordó la legisladora.
"La apelación al pueblo es un mecanismo constitucional y totalmente válido porque en definitiva es el pueblo de la provincia el que va a manifestar su opinión a favor o en contra. Yo creo que ante la contundencia del pronunciamiento del pueblo en un sentido o en otro los cuerpos legislativos no vamos a poder mirar hacia otro lado e indudablemente si bien las consultas no son vinculantes no vamos a poder desoír lo que digan las urnas", señaló.
Al ser consultada con respecto a si la Provincia contará con los recursos económicos para convocar a un acto electoral, señaló: "No soy experta en materia económica, pero entiendo que si la Gobernadora lo ha planteado es porque se ha evaluado", sostuvo.
LA LEY
El artículo 129 de la Constitución provincial establece que "todo asunto de interés general para la provincia puede ser sometido a consulta popular con excepción del presupuesto y la materia impositiva".
La ley provincial 5113, de 2004, reglamentó los términos de la consulta popular vinculante y no vinculante.
En el caso de la reforma de la Constitución sería no vinculante porque es una materia cuyo procedimiento de reforma está reglado por la Constitución.
El voto de la ciudadanía no es obligatorio.
La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo provincial deberá efectuarse mediante decreto acuerdo.
La consulta popular no vinculante convocada a instancia de cualquiera de las Cámaras de la Legislatura provincial deberá ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de ella.
Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá ser tratado por la Legislatura provincial.
