El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, pidió ante la Cámara Federal por su libertad o bien que se lo excarcele bajo control de una tobillera electrónica.
Así lo hicieron sus abogados ante la Sala II de la Cámara Federal y en el marco de la causa que se sigue por presuntas irregularidades en los fondos públicos que se giraron para la mina Río Turbio.
Los abogados del ex diputado son los mismos defensores del empleado informático Diego Lagomarsino, quien está en libertad y justamente bajo control de una tobillera electrónica, en el marco de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.
La investigación en la cual está detenido el ex ministro de Planificación Federal apunta al presunto desvío de fondos para obras en la mina Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto total de 26.000 millones de pesos: puntualmente, en la causa se investiga el desvío de 265 millones de pesos que no fueron destinados a las obras en cuestión.
Ahora, el pedido del ex ministro tendrá que ser resuelto por los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, que firman por la Sala II de la Cámara Federal y quienes ya habían confirmado a fines del año pasado el procesamiento por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la prisión preventiva del diputado.
En su fallo, los camaristas señalaron la posibilidad de que, estando en libertad, De Vido pudiera entorpecer la investigación que aún tiene medidas de prueba en curso.
"La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances", sostuvo Irurzún, mientras que Bruglia también se había pronunciado por rechazar la excarcelación de De Vido por la gravedad del hecho de corrupción por el que se lo investiga.
Incluso, dijo que había evaluado la posibilidad de "imponer una medida menos gravosa" que la cárcel, pero advierto que "resultaría ineficaz a la luz de la motivación que acreditan los peligros procesales referenciados".
