La Cámara Penal de Tercera Nominación rechazó un pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) solicitado por Manuel Fernando Díaz, ex empleado de la Secretaría de Deportes, quien junto con María Karina Alanís Denett, conocida como la falsa arquitecta, fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y uso de instrumento público adulterado.
Díaz pidió este beneficio en el marco de la causa que lo investiga a él y a Alanís Denett iniciada por la Secretaría de Deportes y Recreación.
El imputado había solicitado la probation y ofreció $1.500 para resarcir el daño causado y evitar el juicio oral. Ayer se concretó la audiencia en la Cámara Penal, donde el imputado elevó el monto de la compensación a $10.000.
La propuesta de Díaz había sido aceptada por la Secretaría de Deportes (parte afectada por el accionar que se le imputa a Díaz). Sin embargo, el fiscal de Cámara, Rubén Carrizo, rechazó el pedido entendiendo que la figura de la suspensión del juicio a prueba no es compatible con delitos contra la Administración Pública (la probation es para hechos que tienen una pena máxima de tres años de prisión). La postura del fiscal fue aceptada por el juez de Cámara, Jorge Palacios.
Con este panorama, a Díaz no le queda otra que esperar el inicio del juicio en su contra, junto a la otra imputada.
Díaz fue imputado por fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con uso de instrumento público adulterado (dos hechos). También quedó imputada Alanís Denett, que fue quien adquirió uno de los cheques por $5.000 y lo cobró en un banco de la provincia de La Rioja por $145 mil. La mujer quedó imputada por fraude por el uso de instrumento público adulterado (un hecho).
De acuerdo con lo que se conoce de la causa, el ex empleado de la Secretaría de Deportes habría fabricado dos expedientes con el objeto de cobrar subsidios. Para esto, habría utilizado la identidad de otras personas que alguna vez habían dejado su documentación personal en ese organismo porque pedían algún tipo de asistencia financiera. De esta manera, el empleado habría librado dos cheques de $5.000 emitidos a nombre de otra persona.
Los habría cambiado en una financiera local y luego aparece en la escena Alanís Denett, que habría comprado uno de los cheques de baja denominación. Tiempo después lo habría cobrado en La Rioja por $145 mil.
La denuncia se inició en septiembre de 2016 por el secretario de Deportes, Maximiliano Brumec. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Administración conducida por Marcelo Sago, quien elevó la causa a juicio en abril del año pasado.
En diciembre, la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió no hacer lugar a una apelación que había sido presentada por Díaz oponiéndose a la elevación a juicio. La Cámara no solo rechazó el recurso de apelación, sino que le pide a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que siga la investigación porque de las mismas pruebas incorporadas en la causa se desprende que hay más irregularidades con los cheques que comprometerían a funcionarios del Gobierno provincial.
