El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dejó pasar la oportunidad de avanzar con el Gobierno nacional en un programa que apunta a la regularización dominial de las miles de viviendas sociales construidas en la provincia y que aún no poseen títulos de propiedad.
Días atrás estuvo en Catamarca Franco Boggiatto, director de Saneamiento de Títulos, que depende de la Secretaría de la Vivienda del Ministerio del Interior, con la intención de avanzar en la firma de un convenio que impulsa la regularización de propiedades.
Según indicó el funcionario nacional, la intención era iniciar un exhaustivo trabajo con el Gobierno provincial poniendo énfasis en la regularización de más de 13 mil viviendas sociales construidas en Catamarca por medio del IPV a través de fondos nacionales como FONAVI y otros planes federales que aún no poseen título. Sin embargo, la visita solo quedó en intenciones.
Boggiatto señaló que en Catamarca existe un total histórico de adjudicaciones que llega aproximadamente a las 27 mil viviendas sociales, “de las cuales solo el 50% está escriturado y el otro 50% sigue sin tener su título de propiedad”.
Si bien reconoció que esto sucede por los largos financiamientos a los que acceden los beneficiarios, señaló que en el caso del FONAVI cuenta con normativa que especifica que dentro de un plazo de 180 días de la entrega de la vivienda las familias pueden acceder a la escrituración.
Se trata de la Ley N° 21.581 del Fondo Nacional de la Vivienda, que en su artículo 12 señala que “las viviendas que se construyan con financiamiento total o parcial del Fondo Nacional de la Vivienda serán asignadas por los respectivos organismos ejecutores a familias de recursos insuficientes, según se las define en el artículo 7º de la presente ley. Estas viviendas serán asignadas en venta, comodato o préstamo de uso”. Asimismo señala que “las que se asignen en venta se deberán escriturar a favor de sus destinatarios dentro de los ciento ochenta (180) días de su ocupación”. Al igual que lo señala la Ley N° 24.464, del Sistema Federal de la Vivienda, en su capítulo 5, artículo 15.
Sin embargo, en la provincia no se aplica esta normativa, por lo que pasan años hasta que las familias pueden acceder al título de las propiedades, cuando se produce la cancelación del crédito y muchas veces los beneficiarios se ven expuestos a que el IPV pueda tomar la decisión de desalojar arbitrariamente a algunas familias, tal como sucedió ya tiempo atrás.
Para Boggiatto, en Catamarca “hay una necesidad de avanzar en la voluntad política. En muchos casos la política de vivienda se concibió como construir y entregar casas, y se ha dejado para un segundo término la cuestión de documentación, planos y obviamente los títulos”, reprochó.
Sin embargo, destacó que de igual manera “desde la Secretaría de Vivienda y en particular desde la dirección que tengo a cargo estamos abiertos a seguir trabajando; de hecho tenemos una interacción constante con el Gobierno provincial, pero hoy no tenemos un convenio. Las puertas están abiertas, acá no hay una distinción de colores políticos sino que la intención es poder mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo.
Pese a que en la provincia no se logró firmar un convenio se avanzó con la ciudad capital para la regularización de unas 1.500 viviendas.
También ya se planteó la posibilidad de que otros municipios del interior se incorporen al programa, como Tapso, Paclín, Valle Viejo y Recreo, cuyos intendentes ya se reunieron con el funcionario nacional.
El convenio, destinado a las provincias y municipios, incluye el financiamiento compartido entre Nación y los gobiernos destinatarios en beneficio de los propietarios que aún no cuentan con títulos. Se inicia en base a un proyecto acordado con las áreas técnicas del municipio o la provincia para buscar el financiamiento ante la Secretaría de la Vivienda de la Nación. Se evalúan las cuestiones técnicas, de estar en condiciones se aprueba el proyecto y se suscribe un convenio para acceder a un financiamiento compartido.
La modalidad incluye un aporte de dos tercios por parte de la Nación y un tercio lo aporta el municipio o gobierno local.
Incluyen las tareas de relevamiento, asistencia técnica y el financiamiento del costo de las escrituras.
Según Boggiatto, el programa apunta a generar las bases legales para resolver y llegar a la escrituración en las diferentes dificultades que se presentan. “Hay casos que son terrenos fiscales-municipales, o fiscales-provinciales; otros barrios que están asentados en terrenos privados. Hay distintos instrumentos para sanear esas tierras, en vías de que en un futuro próximo se puedan entregar los títulos de propiedad a las familias”, dijo. Y destacó que además de generar un impacto en la seguridad de una familia de contar con la documentación que avale su propiedad a un menor costo que si lo hiciera en forma particular, permite a la provincia y a los municipios que el vecino se convierta en un nuevo contribuyente.