Algunas empresas catamarqueñas del rubro de la construcción comenzaron a sufrir el impacto del retraso en el envío de fondos del Gobierno nacional destinados a la ejecución de viviendas y ya anunciaron que pararán por seis meses.
La situación se da luego de que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconociera que Nación le debe más de 150 millones de pesos. Se trata de fondos correspondientes a certificaciones de obras que se ejecutan en diferentes puntos de la provincia –principalmente en Valle Chico- y que ya tienen un avance del 70%.
Según el organismo provincial los expedientes por el pago de estos conceptos están paralizados desde hace 60 días y este retraso repercute directamente en las empresas que no cobran y que tampoco pueden pagar a los trabajadores.
Ayer un grupo de obreros paralizó la construcción de una licitación de 30 viviendas en Valle Chico y se manifestó frente a la empresa Visan Constructora por el retraso en el pago de tres quincenas.
Se trata de la misma empresa, que semanas a tras también fue centro de críticas de otro grupo de trabajadores que venían padeciendo los retrasos salariales y que también terminaron paralizando la construcción de otra licitación.
La situación es compleja y podría repercutir en otras empresas. Hoy al menos unas 60 viviendas en Valle Chico no avanzan, ni avanzarían a la brevedad por la falta de fondos.
Pero a esto se suma que en el caso particular de la empresa ya habría tomado la decisión –según lo expresado por trabajadores- de que se paralizarían las obras al menos por seis meses, hasta que se pague la deuda y por otro lado se cristalice la situación del Gobierno nacional sobre la política en la construcción de viviendas.
$150.000.000
Es la deuda que la Provincia asegura que el Gobierno nacional tiene sobre los fondos para la ejecución de viviendas sociales. Hay expedientes parados desde hace 60 días.
La Provincia ya había expresado su temor, más allá del futuro de los programas para la construcción de viviendas, sobre la continuidad de la ejecución de 1400 casas que ya cuentan con importantes avances, las que se esperaba puedan llegar a ser concluidas antes de fin de año.
Las licitaciones corresponden a 2014 y 2015, las que fueran aprobadas por el programa Techo Digno, antes de que se modificaran las condiciones para la financiación de obra pública.
Tiempo a tras la ejecución de viviendas sociales contaba con una financiación del 100% de Nación; en tanto que tras el cambio de gobierno se readecuó y quedó establecido en un aporte del 70% por parte del ejecutivo nacional y de un 30% de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el titular del IPV, Dante López Rodríguez, reconoció que la inversión local llega a equipararse a la nacional, al contemplar el aporte del terreno y la infraestructura básica para un barrio.
El funcionario también había reconocido que varias empresas comenzaron a retrasar el ritmo de obra, y a disminuir la cantidad de obreros.
También desde el organismo se había reconocido que esto podría repercutir en el inicio de otras 900 viviendas planificadas para iniciarse una vez concluidas las existentes, “el problema no es el aporte provincial, sino el nacional”, se anticipó.
Problemática
En el marco de los retrasos oficiales, los obreros de la construcción son los que padecen las consecuencias. Ayer los trabajadores señalaron que la empresa les debe tres quincenas y solo les ofrece un adelanto mínimo, en tanto que el compromiso del pago total de la deuda total es a un futuro incierto.
“Nosotros le hicimos el aguante. Ya dejaron a todos sin trabajo, porque se para la empresa por seis meses”, aseguraron los trabajadores en diálogo con El Ancasti.
“Dicen que no entra plata de nación. Nos dicen que otras empresas están en la misma situación, pero nosotros averiguamos y están al día. Nosotros queremos que nos paguen todo, y chau… no venimos más”, apuntó Luis, uno de los manifestantes.
Los sueldos quincenales promediaban entre los $5000 y $7000, pero a eso se suma la deuda de horas extras y otras tareas desarrolladas cuando la empresa había solicitado celeridad en la obra.
Todos reclamaron que con la demora en el pago no pueden pagar los servicios, alquileres y enviar a sus hijos a la escuela y en el peor de los casos ya ni siquiera tienen para comer.