Las irregularidades y las supuestas maniobras fraudulentas publicadas a fines del año pasado por este medio y relacionadas al Ministerio de Educación ya habían sido fruto de sendos informes efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la cartera educativa a cargo del entonces Auditor Interno, Ariel Paz, las que, en aquel momento, habían sido notificadas tanto al Ministro de Educación como a los responsables de la administración de los recursos educativos. El ex auditor fue apartado del cargo en ese Ministerio.
El Ancasti tuvo acceso a una auditoría que se realizó en abril de 2017 y que abarca distintas áreas del Ministerio de Educación. Otro informe fue de septiembre de 2016 y se realizó sobre la Unidad Ejecutora del INET.
En el informe notificado al ministro Daniel Gutierrez se dio a conocer acerca de la modalidad en la que se manejaban las contrataciones directas por significación económica que se pagaban por los fondos permanentes bajo la órbita de la Dirección de Administración a cargo de Belkys Vera y que eran controlados por la auditoría interna. En tal sentido se informó sobre numerosas falencias, vinculadas a la ausencia de planificación y la inobservancia en materia presupuestaria, por cuanto las partidas de las distintas dependencias del Ministerio eran administradas, en gran medida desde el área central, (a cargo de Vera), quien en aquel momento ocupaba la dirección de Administración, cubriéndose en principio necesidades de una dependencia con partidas de otra que no tenía ninguna vinculación con las compras que se hacían. En el informe se hace referencia a que había una escasa especificación de los bienes o servicios a cubrir, y que ello era salvado con la poca participación de oferentes, de lo que se deduce que las compras estaban en gran medida direccionadas a un grupo selecto de proveedores que se repartían la mayor parte del presupuesto ejecutado con los fondos más líquidos del Ministerio, que son los fondos permanentes.
Un párrafo aparte merece en el informe las adjudicaciones a proveedores. La auditoría de Paz hace referencia a una notable “polarización” de los oferentes adjudicados en los procedimientos llevados a cabo por área contrataciones de la Dirección a cargo de Vera, donde aparte de ser un grupo muy reducido, se informó que ninguno de ellos era un proveedor reconocido del medio. Además, se notificó que en el transcurso de un poco más de un año, cruzando información con Contaduría General de la Provincia, un proveedor se vio beneficiado con contrataciones directas por significación económica, por un monto cercano a los $ 2.500.000.
Otro punto al que hace referencia la auditoría es a la necesidad de emitir normativa clara en relación a la cobertura de las horas institucionales, que eviten la discrecionalidad en su administración, “asumiendo que en otros sistemas educativos resultan de gran trascendencia al permitir la cobertura de espacios que implican otra dinámica distinta a las horas cátedras o los cargos docentes”, expresa. De esa lectura se desprende la negativa a que sean asignadas como sobresueldos a funcionarios o como pago de cargos administrativos, casos estos que fueron denunciados por los gremios docentes.
Una parte significativa del informe puesto a disposición del ministro de educación, se refiere a la administración de los recursos del Tesoro Nacional, que llegan a la provincia en forma de programas nacionales, donde también se encuentra el INET. Contiene un detalle lapidario de la herencia de la gestión del ex ministro José Ariza, y se hace referencia que no existían los controles mínimos en los procedimientos de ejecución de los recursos.
Observaciones al INET
En diciembre del año pasado ingresó en la Oficina Anticorrupción una denuncia por supuestas irregularidades en la administración de fondos que llegan al Ministerio de Educación. En aquel momento se cuestiona la dependencia local que se encarga de recibir partidas para la educación técnica del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Antes, la auditoría ya había señalado sobre excesos en los límites de contratación previstos en el Reglamento de Contrataciones para las contrataciones directas. Advirtió sobre flagrantes violaciones a los principios básicos que rigen en materia de contrataciones del Estado, como ausencia de legalidad (los procedimientos no se ajustaban a las previsiones normativas), baja transparencia en los procesos (escasa participación y puja de oferentes, oferentes no reconocidos del medio o no vinculados a la comercialización de los bienes o servicios que se contrataban), desigualdad de oportunidades y no cumplimiento del requisito de publicidad. En el mismo informe advierte sobre la existencia de sobreprecios de hasta un 500 % .
