El concejal, Fernando Navarro (FCS-Cambiemos), presentó ante la Corte de Justicia un amparo en contra de la Municipalidad de la Capital y pidió la nulidad de la ordenanza Nº6985/18 (que permite a los secretarios de los Juzgados de Faltas subrogar el cargo de juez por un año) y todos los actos administrativos que se hayan dictado en base a esta norma. "Se trata de un acto público manifiestamente arbitrario e ilegal", consideró, y solicitó que se tomé una medida cautelar al respecto. Es patrocinado por el abogado Ignacio Ripio Guzmán.
Navarro basó su presentación en lo que consideró que fueron "vicios administrativos" en el proceso de sanción de la ordenanza, y citó jurisprudencia en la que se declararon nulas las normas que no cumplieron con todos los requisitos a la hora de ser sancionadas.
En este sentido, se refirió a lo denunciado en la sesión del 5 de abril en el Concejo Deliberante, en la que advirtió que el proyecto que se convirtió en ordenanza tenía dos despachos de comisión y que estos no habían sido correctamente distribuidos para el análisis de los concejales que no integran la comisión. A pesar del planteo, el FJV avanzó con la ordenanza por su abrumadora mayoría.
Para fundamentar su planteo, el concejal adjuntó a la presentación los despachos de comisión a los que había tenido acceso, copias de la ordenanza, del reglamento interno del CD, y artículos periodísticos publicados en El Ancasti al respecto. "Ahora es competencia exclusiva de la Corte", consideró. Además, se reservó la instancia federal.