El Juzgado Civil Nº3 desestimó el pedido del Juzgado Comercial Nº2 para unificar las dos causas pertinentes al Estadio Bicentenario. De esta manera, mientras en la instancia civil se tramita la denuncia por daños y perjuicios que Fiscalía de Estado le inició a la firma Capdevila Empresa Constructora SA, en la instancia comercial continúa su rumbo el pequeño concurso de quiebra iniciado por la empresa y en el que el Estado es el principal acreedor.
La jueza, Cecilia del Carmen Delgado, a cargo del Juzgado Comercial Nº2, había solicitado que las actuaciones en la causa por daños y perjuicios fueran giradas a su juzgado, a los fines de ser incluidas en un mismo trámite. Esto fue descartado por la jueza María Cristina Rojas de Cutuli, quien consideró que en este caso no corresponde tal unificación.
De esta manera, el Estado Provincial puede insistir en la vía civil en la que reclama casi $40 millones por los daños estructurales del Bicentenario, más intereses, actualizaciones, gastos y costas. En esta causa, la jueza Rojas de Cutuli había elevado las actuaciones a la Corte, que se declaró incompetente y devolvió los expedientes al Juzgado Nº3.
El concurso de quiebra
Al margen de la compensación económica por daños y perjuicios, Fiscalía de Estado se presentó al concurso de quiebra de la empresa Capdevila, en el que posee el 96% de las acreencias. La Provincia pide un resarcimiento de casi $257 millones de pesos, equivalentes a lo que estiman que costaría construir el Estadio nuevamente. Este crédito fue aprobado por el síndico, quien descartó una segunda oferta presentada por el Estado en el caso de que la primera fuera rechazada.
La participación de la Provincia en este concurso es clave, puesto que el resto de los acreedores son compañías de seguros, ex empleados y hasta el titular de la firma.
