La resolución de la AFIP N°3997 de Procedimiento Fiscal Obligación de aceptación de Medios de Pago Electrónico, que hace extensiva en forma obligatoria el uso de este mecanismo a monotributistas sigue generando repercusiones en la provincia.
La resolución de la AFIP N°3997 de Procedimiento Fiscal Obligación de aceptación de Medios de Pago Electrónico, que hace extensiva en forma obligatoria el uso de este mecanismo a monotributistas sigue generando repercusiones en la provincia.
A la opinión de la Unión Comercial de Catamarca, que resaltó que la implementación del cobro electrónico se ve complicada por la conectividad en la provincia, se sumaron algunos profesionales que consideraron que la aplicación de esta medida en forma masiva en la provincia es casi inviable.
El contador Juan Pablo Melnik, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Catamarca, señaló a El Ancasti que hay varios factores que se interponen para que esta medida sea realmente beneficiosa para la actividad, además de las cuestiones operativas y tecnológicas.
En primera instancia, destacó que el uso del posnet -el equipamiento necesario para el cobro electrónico- podría generar a nivel local una suerte de monopolio.
Según indicó, Catamarca solo cuenta con una empresa abocada a la actividad y que es justamente la firma Posnet, mientras que otras provincias cuentan también con Lapos, otra proveedora.
Para Melnik, la normativa es demasiado amplia e incluye en igualdad de condiciones tanto a las pequeñas despensas de barrio como a los grandes comercios y profesionales, ya que promueve la misma exigencia para monotributistas de las categorías A, B, C, D y E.
“La aplicación de la norma resulta una exorbitancia legal en términos de que pone en igualdad de condiciones -en cuanto a las exigencias- al responsable inscripto, un comercio que realiza operaciones masivas y por lo tanto el costo del servicio se prorratea en una mayor cantidad de operaciones y no impacta significativamente, como a un monotributista categoría A que recién inicia en la actividad”, opinó.
Para el profesional, también es discutible la falta de especificación de la reglamentación, que no señala si es para la prestación de bienes o servicios y simplemente apunta a las categorías obligadas a cumplir.
Según recordó, una posterior circular que buscaba aclarar esta situación “señala que en caso de prestaciones de servicios, como es por ejemplo el que brindamos los profesionales de ciencias económicas, arquitectos, ingenieros y la mayor parte de los profesionales, se trata de operaciones a consumidor final o ventas de servicios de consumo masivo”.
“En ánimos de aclarar no hace más que darnos las herramientas para discutir por lo menos la exigencia. Por ejemplo, en el caso de los contadores no brindamos un servicio al consumidor final sino al responsable inscripto, al comerciante, al empresario. Lo mismo sucede con los arquitectos cuando se trata de una obra, cuando son contratados por una empresa. Mucho menos se trata de consumo masivo cuando la operación es personal”, destacó.
Por otra parte, señaló que implementar el sistema en todos los monotributistas alcanzados por la normativa requiere de una serie de requerimientos técnicos, bancarios y operativos como el uso de cuentas bancarias, conectividad a internet, servicio telefónico fijo o celular (según el sistema), entre otros, que generarán un alto costo.
Sanciones
A partir de la normativa que se encuentra en plena vigencia a partir del 31 de marzo de este año, los comerciantes que no cumplan se encuentran exentos a ser sancionados con multas que van desde los $300 hasta los $30.000.
“El Consejo, a través de la figura del presidente (Marcos Khon), está preocupado y ocupado por el tema”, dijo Melnik.
“Nadie discute los avances, y que pueden resultar una herramienta útil, pero no bajo estas condiciones, donde los costos son altos para aquel monotributista que recién se inicia en la actividad y también para aquellos con años de actividad pero que son despensas chicas que no manejan un gran flujo de operaciones. Son cuestiones que no han sido contempladas en la norma”, cuestionó.
Destacó que desde el Consejo seguramente se va a realizar una presentación pública; por un lado para aclarar y también para plantear la posibilidad de que no se apliquen sanciones.
En este contexto, dijo que los comerciantes que no puedan cumplir con la normativa pueden ser denunciados por los consumidores con facilidad.
“A la hora de denunciar la AFIP no tiene ni siquiera que llegar al comercio”, dijo.
Para el contador Juan Pablo Melnik, uno de los principales factores es el costo que se genera para los comerciantes, mientras el país atraviesa por una situación económica compleja.
“Para la implementación del mecanismo el comerciante debe adquirir el posnet. En el caso de los comerciantes pequeños, debe sumar además una línea telefónica y el servicio de internet. Además de conocimientos tecnológicos que muchas veces escapan a los comerciantes de avanzada edad”, resaltó.
Además destacó que para realizar esta operación el comerciante necesita obligatoriamente contar con una caja de ahorro y una cuenta corriente. “La caja de ahorro debe ser del Banco Nación, que en principio no tendría costo adicional, mientras que la cuenta corriente sí lo tiene, cuyos costos no hacen a la venta que venía desarrollando”, explicó.
En este contexto, dijo que cuando se trata de una operación el costo adicional por operación es del 4%, es decir 3,99% más IVA. En tanto que si se tiene en cuenta que además debe disponer de una cuenta corriente, tendrá un costo aproximado de $250 en el Banco Nación; mientras que en los bancos privados será de $400 a $500.
A esto se suma la acreditación. Mientras que una operación con tarjeta de débito es en el acto, las operaciones de crédito recién impactan en la cuenta a los 14 días.
“Por ejemplo si se realiza una operación de mil pesos con débito, estamos hablando que inmediatamente le van a acreditar en la cuenta $950 (por ejemplo si es a través del posnet que se acredita a Mercado Pago) estamos hablando de un costo de casi el 5%”, ejemplificó, cuyos extras podrían ser trasladados al cliente o bien absorbidos por el comerciante.
Si bien opinó que la intención de la AFIP podría haber sido que se blanqueen las operaciones, no coincidió en que se ponga “en igualdad de exigencias a la despensa, al remisero y a los grandes comercios”. “Estamos de acuerdo en que puede ser un avance de la tecnología para implementar nuevas herramientas. No estamos de acuerdo en cómo se ha volcado a la norma”, dijo.
Asimismo opinó que la operatoria va direccionando las operaciones comunes al sistema financiero, que atraviesa paros y problemas con la misma tecnología; los que se suman a la inflación y a la disminución de las ventas que afrontan la mayor parte de los rubros.