La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública elevó a juicio una causa que tiene como imputados a dos empleados legislativos por la falsificación de certificados médicos para justificar ausencias laborales. La denuncia fue iniciada por el médico auditor de la Cámara baja Arturo Lorenzo, y los hechos ocurrieron entre 2014 - 2016. Una mujer y su hijo, ambos empleados legislativos, fueron imputados.
Según la información a la que accedió este medio, en septiembre de 2015 se presentó la mujer ante el Servicio Médico Legal de la Cámara de Diputados y llevó un certificado médico que contenía declaraciones falsas, junto con firma y sello apócrifos del médico Enrique Florit, especialista en Traumatología, con el fin de justificar su inasistencia laboral por 10 días, la que fue justificada. La justicia estimó que ocasionó un perjuicio al erario provincial por un monto que asciende a la suma de $ 6.485, equivalente a los días no trabajados y justificados mediante la utilización de un ardid.
El 25 de julio de 2016, la misma mujer presentó un certificado médico que contenía declaraciones falsas y firma y sello apócrifo del médico cirujano Roque Germán Guaráz, especialista en Reumatología, con el fin de justificar su inasistencia laboral por el término de 15 días . En esta situación, no pudo concretar la maniobra porque se detectó la irregularidad. Pero si hubiera prosperado el perjuicio al erario sería de $ 12.421.
En otro hecho ocurrido en diciembre de 2014, fue el hijo de la mujer, empleado legislativo, quien presentó un certificado médico irregular, con declaraciones falsas y firma y sellos apócrifos del médico Enrique Florit, con el fin de justificar su inasistencia laboral por el término de un día.
Por estas circunstancias, la mujer fue imputada por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública, en concurso ideal, con el delito de uso de documento privado falso por un hecho y también de fraude a la administración pública, en concurso ideal, con el delito de uso de documento privado falso en grado de tentativa. A su hijo también se le atribuye el supuesto fraude a la administración pública.
En otro hecho similar, ocurrido en marzo de 2016, el médico Lorenzo detectó otro irregularidad en uno de los certificados presentado por una empleada que se desempeña como ordenanza. Ante la irregularidad, el médico auditor se comunicó con la profesional, una obstetra, que firmaba el documento. Este caso todavía se investiga en la Justicia.