Ayer, el centro capitalino se convirtió en un verdadero caos producto de dos marchas que coincidieron en su camino a Casa de Gobierno. Por un lado, ATE que se movilizó en repudio del paliativo de $2.800 pesos que firmó el Gobierno con el gremio de UPCN, y por el otro, la Corriente Martín Fierro que reclamó por el cambio de modalidad en los planes sociales.
Durante la protesta, ATE realizó fuertes críticas al Gobierno y a UPCN por el acuerdo firmado. En ese sentido, señalaron que los trabajadores "necesitan un paliativo real para hacer frente a la inflación y no una dádiva como la que se está dando".
El reclamo del gremio logró hacer que el ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, reciba a los principales referentes de ATE para escuchar sus reclamos, aunque rechazó la posibilidad de incrementar los $2.800 previstos para marzo y abril.
"No hemos tenido un acuerdo, pero aún esperamos que se pueda mejorar la propuesta", dijo el secretario general del ATE, Ricardo Arévalo en diálogo con Radio Ancasti, a lo que agregó que hoy habrá un quite de colaboración y mañana otro paro.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Ariel Luna, ratificó el pago de los $2.800 en dos partes, argumentando que la Provincia no puede dar más y que el acuerdo ya fue firmado por casi la totalidad de los gremios.
La Martín Fierro
Además de su movilización, los dirigentes de la corriente realizaron una suerte de exposición en la Plaza 25 de Mayo donde mostraron todo lo que producen los beneficiarios de los planes sociales. La protesta fue por la modificación que realizó la Nación de los planes de empleo que ahora dejarán de ser manejados por las agrupaciones políticas, además de que sus beneficiarios ya no trabajarán sino que deberán capacitarse.
En diálogo con Radio Ancasti, el delegado de Desarrollo Social en la provincia, Carlos Martínez, ratificó que ahora los beneficiarios dejarán de realizar una contraprestación para cobrar el plan. En ese sentido, aseveró que no habrá ninguna baja en los planes "siempre y cuando las personas hagan lo que tienen que hacer”.
“Ahora la contraprestación es que aquellas personas que no tengan un estudio, lo terminen y los que sí lo tengan, que se capaciten", dijo.
El funcionario explicó que se tomó la decisión de modificar la forma de los planes porque en las auditorías que realizó Nación "se detectaron muchas irregularidades en las cooperativas, principalmente en los requisitos mínimos como es la de ser monotributistas".
"En los relevamientos se dieron que la mayoría de los cooperativistas no tenían estudios, en muchos casos ni la primaria", agregó.
Finalmente, indicó que las cooperativas tienen seis meses para regularizar su situación.