Las familias inscriptas como postulantes a viviendas sociales para el departamento Fray Mamerto Esquiú se manifestaron otra vez en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para insistir en las irregularidades detectadas en la nómina de preadjudicatarios de las 30 viviendas construidas en la localidad de La Tercena.
En ese marco fue que se reunieron brevemente con el titular del organismo, Dante López Rodríguez, quien les aseguró que la única razón para "que caiga un impugnado es que se compruebe que tiene una propiedad”.
La respuesta causó un profundo malestar entre las familias, muchas de las cuales cuentan que están inscriptas desde hace 12, 14 y hasta 18 años; sin embargo entre los preadjudicatarios existen personas con no más de 5 años de inscripción; mientras que en otros aseguran que solo tienen meses.
Pese a que López Rodríguez se encargó de aclarar que para la preadjudicación se realizó un análisis socioeconómico de las familias, aseguró que tener una propiedad sería la única irregularidad capaz de dar marcha atrás en una preadjudicación. En consecuencia, en el camino quedarán quienes tienen años de espera, familias numerosas, familias con miembros con discapacidad, y demás.
“La validez de una impugnación no es que tenga años de antigüedad, o que sea lindo o que sea feo; de la única manera que se caiga un impugnado es que nosotros podamos detectar que tenga una propiedad. La única manera, porque después todo lo demás se va calificando por demanda, por problemas de salud”, les dijo el administrador a las familias que exigían ansiosas conocer el avance de las impugnaciones.
Vale la pena aclarar que desde el propio organismo se reconoció que “todos están en condiciones” (tanto por preadjudicatarios, como denunciantes), con lo que según el criterio del administrador los años de espera no parecerían ser un motivo suficiente para ser calificado como prioridad.
Las palabras de López Rodríguez sirvieron para reafirmar lo que las familias sienten, que la entrega se sustenta en “los favores políticos”.
Tras recibir una avalancha de impugnaciones, el IPV envió a realizar nuevamente visitas sociales para inspeccionar la veracidad de las denuncias, con lo que se comprobó que existen preadjudicatarios con dos, tres y hasta 12 denuncias.
Pero, según indicó, el administrador, esto no implicará que los denunciantes sean –en caso de comprobarse- los beneficiarios de la vivienda en cuestión, sino que ya existe una lista de espera con suplentes, “que son casos prioritarios en el listado”, dijo.
Según indicó de acuerdo con lo que marca el procedimiento, tras las impugnaciones se definirá en el ámbito legal de la administración, con la presencia de un escribano, para luego publicar el listado definitivo.
“Se publica para que se hagan todas las impugnaciones y se detecten todas las situaciones que nosotros no las podemos detectar en el sistema. Nosotros vinculamos con Catastro Provincial, Catastro Municipal, vinculamos con ANSES, todos nos dan información.
Después que tenemos eso publicamos, pero siempre hay cosas que no las podemos detectar”, admitió López Rodríguez, mientras que destacó que hay municipios que a veces realizan mejoramientos, o una vivienda y esa información no llega al IPV, “porque el municipio no pasa esa información”, señaló.
El funcionario se mostró ansioso por cumplimentar con la entrega. “Tenemos que entregar las viviendas porque ya están terminadas”, les dijo, pero terminó sembrando más dudas que certezas entre los denunciantes de que realmente se inspeccionarán todos los casos denunciados.
En solo tres días hábiles -desde el miércoles hasta ayer-, el IPV tuvo que realizar varias visitas sociales, evaluar las denuncias y resolver, con lo que el lunes, una vez que la nueva nómina tome difusión pública, se realizaría la entrega. Sin embargo, las familias ya evalúan qué medidas tomar en caso de que no se resuelvan las irregularidades y no descartan la posibilidad de hacer un reclamo público el mismo día de entrega.
