El Gobierno promulgó la Ley 27.467 de Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019, que prevé un gasto de 4,17 billones de pesos.
El 85,61% del total de recursos disponibles será utilizado para gastos corrientes y de capital de la administración de Mauricio Macri.
La ley contempla déficit cero, una inflación interanual del 23%, mientras que marca una caída de la economía del 0,5%. El instrumento también señala que se destinará más del 70% de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.
El proyecto supone un valor para el dólar en promedio de 40,10 pesos y prevé que la recaudación tributaria subirá un 38,9%. Se aumentarán los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social en un 34,2% y el consumo privado caerá alrededor del 1,6%. A su vez, 821.874 millones de pesos corresponden a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional.
La Ley de Presupuesto establece que en 2019 habrá 334.053 millones de pesos para subsidios económicos y 746.389 irán a parar al pago de capital e intereses de la deuda externa.
El resultado financiero del próximo año será nuevamente deficitario en unos 600.285,7 millones de pesos, siempre y cuando el peso no se devalúe por fuera de las previsiones.
La administración de Mauricio Macri fijó en 12.422 millones de pesos el importe correspondiente a gastos figurativos para Aplicaciones Financieras de la administración nacional.
La ley autorizó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios y a establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales.
El artículo 12 fijó como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de 123.507 millones de pesos.
Las negociaciones por la aprobación del Presupuesto para el próximo año generaron largas reuniones entre el Gobierno nacional y las provincias, previo acuerdo con la mayor parte de ellas por el envío de otras partidas en reemplazo a compensaciones que antes se realizaban en forma directa, como el del transporte, entre otros.
