La polémica por la preadjudicación de 30 viviendas en la localidad de La Tercena, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, sigue creciendo.
sábado 10 de octubre de 2026
La polémica por la preadjudicación de 30 viviendas en la localidad de La Tercena, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, sigue creciendo.
Desde la semana pasada el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), viene recibiendo más de una docena de impugnaciones a los beneficiarios y al menos uno de los preadjudicatarios ya recibió hasta 9 cuestionamientos.
Ayer, las familias que protestaron el viernes en el IPV volvieron a reclamar. Esta vez fueron recibidas por el jefe del departamento de Evaluación de Postulantes, Raúl Barrionuevo, quien les explicó sobre la situación de los trámites realizados y les garantizó que cada una de las denuncias será evaluada y que la respuesta estará la próxima semana. Barrionuevo les pidió paciencia para realizar las visitas a cada uno de los cuestionados y determinar sobre la situación.
Las familias también fueron recibidas por asistentes sociales, para evaluar cada uno de los casos de las familias denunciantes y el por qué no fueron preadjudicadas.
La entrega de las viviendas estaba prevista para el próximo lunes 10, pero se indicó que podría ser postergado debido a la gran cantidad de denuncias y a la necesidad de tiempo para evaluar los casos.
El período de impugnaciones vence hoy a las 8, pese a que se había indicado en primera instancia que sería el miércoles. De allí en más ya no se receptarán objeciones y el IPV se abocará a realizar las inspecciones de rigor.
Escándalo
La publicación de la nómina de beneficiarios para las viviendas destapó la polémica en el departamento, luego de que varias familias denunciaran que la lista estaba integrada por personas sin antigüedad y en varios casos propietarias de viviendas; pero sin dudas el mayor revuelo se dio al comprobarse que en la nómina de beneficiarios figuraba el hijo de una concejal, también propietario de una vivienda.
Las familias cuestionaron que hubo “favores políticos”, ya que alegaron que varios de los denunciantes fueron quitados de la lista a la que habían accedido tras largos años de espera.
Entre las familias denunciantes, figuran inscriptos con hasta 18 años de antigüedad. De allí en más hay otros casos de 14, 12 y menos años de inscripción, sin haber llegado a la adjudicación. También figuran familias con miembros con discapacidad y demás, que fueron obviados de la preadjudicación.
Muchos de ellos denunciaron que en el mes de septiembre tuvieron la visita de rigor de las asistentes sociales, y que los trámites estaban listos para acceder al beneficio.
Algunos inscriptos responsabilizaron al intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, de haber intervenido en la nómina de preadjudicatarios y de beneficiar a familias vinculadas políticamente, y hasta cuestionaron que si la intención del jefe comunal era la “de entregar viviendas a sus empleados, que las hubiera hecho él”, según cuestionó una de las damnificadas.
Pero sin dudas en medio del escándalo lo que más generó malestar fueron las declaraciones públicas realizadas por la concejal Susana Acosta, quien aseguró que las denuncias realizadas contra su hijo, quien figura como coadjudicatario de una vivienda, eran parte del “terrorismo mediático” que sufre su persona.
Acosta negó el beneficio y adujo que su hijo solo era pareja y garante de la mujer beneficiaria, y hasta admitió que tenía una propiedad.
450
Son las familias inscriptas que aspiraban a ser beneficiadas con las 30 viviendas construidas en el departamento.
