La Municipalidad de la Capital elevó por decreto los montos autorizados para la realización de compras directas, concursos de precios, y licitaciones privadas o públicas en un 50%. Lo hizo por estrictas razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", basada "en el alza de los precios, que hace imprescindible contar con una herramienta que permita la inversión rápida de los fondos destinados a obras de infraestructura". Ahora, solo será necesario el visto bueno de un administrador o un director de área para realizar compras directas por hasta $1.500.000.
A través del decreto nº1444/18 de la Secretaría de Hacienda, a partir del 12 de septiembre la Municipalidad puede realizar compras directas por hasta $1.500.000, llamar a concurso de precios en el caso de que el objeto requiera una inversión de hasta $9.000.000, llamar a una licitación privada si el objeto demanda un gasto de hasta $12.000.000; y recién llamar a una licitación pública cuando se supere esa cifra.
El municipio consideró necesario el ajuste basado en la suba de precios, que demanda "una rápida inversión de los fondos para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo por los efectos de la inflación", para destinarlo para la obra pública.
En este sentido, fundamentaron que las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos se encuentran abocadas a la realización de proyectos de infraestructura de corto y mediano plazo, y que "el incremento gradual que se viene dando en los precios de los bienes y productos ligados en forma directa e indirecta con la cotización del dólar es una variable difícil de pronosticar y se convierte en un factor que incide de manera negativa en la contratación pública".
Esto, agravado por el hecho de que "existen ciertos productos que son necesarios para el normal funcionamiento del municipio que incrementan su precio a diario debido a las variaciones del dólar", aunque no se precisa cuáles.
El instrumento fue firmado el 12 de septiembre, aunque recién se publicó la semana pasada en el Boletín Municipal, y fue redactado luego de la tremenda suba del dólar que se registró a fines de agosto.
Con la nueva norma, solo hace falta la firma de un Director General, un Director, o un Administrador para iniciar el llamado a compra directa, que debe ser luego autorizado y adjudicado por resolución de un Secretario (de Obras Públicas o Servicios Públicos). Para los concursos de precios y las licitaciones privadas, es necesaria una resolución de uno de los secretarios, que además serán los encargados de aprobar y adjudicar.
Solo en el caso de las licitaciones públicas y en las contrataciones directas por libre elección por negociación directa deberá intervenir el intendente, al momento de aprobar y adjudicar la compra.
La suba
La norma reemplazó a un decreto vigente desde el 18 de septiembre de 2015, y los límites se incrementaron en un 50%. Por entonces, se había determinado un techo de $1.000.000 para compras directas, $6.500.000 para concursos de precios, y $8.000.000 para el caso de las licitaciones públicas y privadas.
Por entonces, se utilizaron los mismos argumentos que en esta oportunidad: El alza de los precios que hace imprescindible contar con una herramienta que permita la inversión rápida de los fondos; y el incremento gradual que se viene dando en los precios de los bienes y productos ligados en forma directa e indirecta con la cotización del dólar es una variable difícil de pronosticar y se convierte en un factor que incide de manera negativa en la contratación pública.
De hecho, salvo por la intervención de Fiscalía Municipal en aquella oportunidad, los decretos son prácticamente idénticos, aunque por entonces la suba del dólar no fue tan dramática como la de agosto de este año: había aumentado poco más de 0,30 centavos en el trimestre anterior, y casi 0,90 centavos durante el período enero-septiembre.n
