La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública continúa con la investigación sobre las irregularidades en la contratación de horas máquinas en Vialidad Provincial. La mira está puesta en los empresarios que falsificaron documentación o que tenían "acuerdos previos" a los concursos de precios, pero también en el rol que cumplió Vialidad Provincial.
La lupa está puesta en analizar si hubo cierto relajamiento en los controles. Se indaga, por ejemplo, por qué la inspección mecánica de las máquinas que se contrataron dejaron de realizarse en los talleres de Vialidad Provincial desde hace dos años, aproximadamente, aunque los empresarios obtienen los certificados que acreditan el buen estado del vehículo contratado.
Ese es el caso del concurso de precios Nº 47/ 15, del 4 de noviembre 2015, Vialidad había contratado un camión marca Ford modelo 1832, dominio DGD-240, equipado con una caja volcadora de 12 metros cúbicos de capacidad por un total de $ 148.000 para realizar 200 viajes.
El expediente de esa contratación tiene un certificado de buen funcionamiento, expedido por el departamento Mecánico de Vialidad, que indica que se verificó un camión marca Ford, dominio DGD240, equipado con el volcador para 12 metros de capacidad y “se encuentra en buen estado de funcionamiento y conservación”. El certificado se lo otorgaron el 29 de septiembre de 2015.
Sin embargo, lo extraño del caso es que según Rentas de la Provincia, el vehículo con la patente DGD - 240 corresponde a una camioneta Ford Pick Up que en el organismo recaudador fue dada de baja en junio de 2017, es decir que no cuenta con la caja volcadora que permite el traslado de material. Además, otro informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, emitido en octubre de este año, indica que ese vehículo está registrado ahora en Jujuy.
En el marco de la investigación continúa el análisis de expedientes secuestrados por la Fiscalía Nº 6 y continúan apareciendo títulos irregulares de supuestos camiones que al verificarlos corresponden a otro tipo de vehículos que aparecen asentados en otras jurisdicciones.
En esta misma línea se investiga también cuál fue la razón por la que Vialidad Provincial dejó de exigir que se presenten títulos originales de los vehículos. Esta flexibilizibilización permitió el escaneo de títulos originales para luego falsificar otros. En la cadena de irregularidades se investiga también la participación de una escribanía local que avalaba los títulos irregulares.
El otro punto que llama la atención de los investigadores es la certificación de las horas máquinas contratadas por Vialidad.
Desde el inicio se informó que este era uno de los puntos más difíciles de probar, es decir, si la empresa cumplió o no con el servicio contratado. Sin embargo, llamó la atención el testimonio de algunos operarios de Vialidad que fueron convocados a la Fiscalía y que declararon no reconocer las firmas que acreditan las horas contratadas en algunos de los últimos concursos de precios. Según trascendió la constatación del cumplimiento tampoco se habría realizado en aquellas obras que se concretan en el interior.
A fines de agosto se conoció la denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de maquinarias de Vialidad provincial, tras revelarse una adulteración de títulos en vehículos que habían sido contratados por el organismo provincial.
Desde ese momento comenzaron a surgir varias irregularidades que pusieron sobre el tapete la relación del organismo provincial con un grupo de empresarios, propietario de máquinas diversas, a quienes les alquila los vehículos para realizar distintas obras. La trama revela que la contratación de horas máquinas es uno de los agujeros del Estado, porque permite diversas maniobras vinculadas a la corrupción.
En su última aparición pública, el administrador de Vialidad, Hugo Naranjo, admitió que hay empresas que podrían haber actuado de mala fe, pero aseguró que serían situaciones que exceden a su responsabilidad. En este sentido, la Justicia trata de dirimir hasta dónde llega la responsabilidad por parte de los agentes que flexibilizaron los controles a las empresas.n