20 de diciembre de 2018 - 04:01
En medio de un clima de tensión, el IPV realizará hoy la entrega de otro barrio sumergido en la polémica por las denuncias de favores políticos, esta vez en Recreo.
Con más irregularidades comprobadas, el IPV entrega hoy las viviendas de Recreo
Otra vez las denuncias de la población fueron reales y se comprobó que en unos siete casos tenían propiedad y no cumplían con los requisitos para acceder al beneficio.
Luego de otra ola de impugnaciones, el organismo comprobó alrededor de siete casos irregulares y dio lugar a las objeciones efectuadas por la población, con lo que la entrega se realizará con otros beneficiarios, que en primera instancia habían sido excluidos.
Con la presión impuesta por los aspirantes a las viviendas sociales, que en reiteradas oportunidades viajaron desde esa localidad del departamento La Paz para reclamar a las autoridades provinciales por las irregularidades y con la amenaza de impedir la entrega oficial, efectivos de las fuerzas de seguridad comenzaron a custodiar el barrio dos días antes de la entrega.
Ante la tensión que cobró el conflicto, la policía local recibió la orden de realizar recorridas preventivas bajo el temor de que las viviendas sean usurpadas y para la jornada de hoy está prevista la presencia de más efectivos policiales, que custodiarán que el acto, que contará con la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci, se desarrolle en absoluta tranquilidad.
Para la nómina inicial de preadjudicatarios del complejo habitacional se presentó una docena de impugnaciones en las que, al igual que sucedió en Fray Mamerto Esquiú, se cuestionan favores políticos y una serie de incumplimientos de los requisitos por parte de los adjudicatarios, como falta de antigüedad y carga familiar o el ser poseedores de viviendas propias y terrenos.
Las familias recreínas, que al menos en tres oportunidades protestaron frente al IPV y en Casa de Gobierno, se mostraron disconformes con el anuncio de que se concretarían dos bajas de los beneficiarios cuestionados cuando las inconsistencias eran muchas más.
En los últimos días, una comisión de técnicos del IPV viajó a Recreo para verificar las denuncias y se habría comprobado que efectivamente las presentaciones eran reales.
Al igual que en Fray Mamerto Esquiú, la difusión pública de la nómina de preadjudicatarios despertó el malestar en la población, que al conocer la realidad de su pueblo presentó una gran cantidad de impugnaciones a los beneficiarios iniciales.
Pero el sistema que lleva adelante el IPV, que administra Dante López Rodríguez, viene siendo cuestionado no solo por la población, sino también por los propios trabajadores.
Es que pese a que el Gobierno insiste en defender la transparencia del procedimiento para la adjudicación de viviendas, la realidad no ha hecho más que demostrar lo que la población denuncia.
Tras las denuncias, los propios empleados del organismo provincial salieron a defender su tarea dentro del procedimiento para la adjudicación de las viviendas. Y fue el secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores del IPV, Pablo Machado, quien aseguró que las autoridades no respetan los informes socioambientales que elaboran las trabajadoras sociales del organismo para definir las prioridades de los aspirantes.
“Cada situación tiene una incidencia en su puntaje: cantidad de hijos, antigüedad, situaciones de hacinamiento, promiscuidad y demás cuestiones técnicas que inciden en el puntaje total. El trabajo de las asistentes sociales concluye ahí, con la nómina y el puntaje de cada familia; ahora, no son ellas las que definen el listado definitivo”, dijo Machado y apuntó directamente a la Administración del IPV y a la Dirección de Adjudicaciones.
Pero las críticas de la población se extienden a las autoridades en cada municipio, a quienes les atribuyen los favores políticos y en este caso las críticas estuvieron dirigidas al senador Ariel Espinoza, por haber incluido a personas vinculadas a su tarea política.n
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