Tras varias semanas de negociación, el Gobierno logró ayer un acuerdo con los distintos órganos judiciales para avanzar en la reglamentación de la ley que obliga a pagar Impuesto a las Ganancias a los jueces nombrados a partir de 2017. Luego de que la Corte Suprema revocara a finales de noviembre una medida cautelar que impedía la aplicación del tributo a jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial asumidos después del 1° de enero del año pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, debió iniciar una serie de reuniones y tratativas para que aceptaran la propuesta oficial.
El acuerdo fue rubricado por el Gobierno junto a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados. De esta manera, el impuesto a las ganancias tomará como base imponible la diferencia entre el salario percibido a partir de su ascenso como juez o ingreso al Poder Judicial después de 2017 y el sueldo del puesto anterior.
La aplicación gradual de esta fórmula se extenderá por alrededor de cinco años. Según estimaciones oficiales, más de 100 nuevos magistrados comenzarán a tributar ese impuesto con la aplicación de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso.
"Se ha dado un paso histórico, mediante el diálogo, en un acuerdo que logra el pago del Impuesto a las Ganancias de los nuevos jueces, fiscales y defensores, y el cumplimiento de la ley", sostuvo Garavano.
El 27 de noviembre pasado el máximo tribunal había revocado una medida cautelar otorgada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la plena vigencia la ley 27.346, sancionada en 2016 y que establece que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1° de enero de 2017 deben tributar, en tanto que los anteriores a esa fecha seguirán excluidos.
