En medio de la polémica por las múltiples denuncias por supuestos favores políticos en la adjudicación de viviendas que realiza el IPV, que se destapó en Fray Mamerto Esquiú y hoy tiene en vilo a la población de Recreo, el titular del gremio que agrupa a los trabajadores defendió la tarea que realizan las asistentes sociales encargadas del relevamiento socioambiental de los aspirantes y denunció que las autoridades del organismo no respetan el trabajo que realizan.
El gremio cuestionó que no se respeta el informe social en las adjudicaciones del IPV
Pablo Machado, secretario general del sindicato de trabajadores del IPV, dijo en Radio Ancasti que “lamentablemente acá hay un gran equipo de trabajadoras sociales que ven de antemano los casos, tienen su criterio profesional, hay un sistema de puntaje, y a la hora de definir un listado, por razones que desconocemos como empleados, no se respeta”.
Las denuncias presentadas en el IPV dejaron a la luz que en las preadjudicaciones realizadas no se respetaron las condiciones sobre las cuales se basa la asignación de puntaje. Entre ellas hubo denuncias por beneficiarios sin antigüedad o con una mínima; sin hijos a cargo; con vivienda; con terreno propio y hasta por favores políticos admitidos por los propios involucrados, tal como sucedió en Fray Mamerto Esquiú. Mientras, en el camino quedaron familias numerosas, con hasta 18 años de antigüedad, miembros con discapacidad y demás condiciones que los habían ubicado en una supuesta nómina prioritaria.
“Las visitas sociales se hacen”, aseguró Machado en defensa de los cuestionamientos de la población sobre el rol del personal encargado de realizar los informes.
“Cada situación tiene una incidencia en su puntaje: cantidad de hijos, antigüedad, situaciones de hacinamiento, promiscuidad y demás cuestiones técnicas que inciden en el puntaje total. El trabajo de las asistentes sociales concluye ahí, con la nómina y el puntaje de cada familia; ahora, no son ellas las que definen el listado definitivo”, aseguró.
En este contexto, señaló que queda como último recurso “para sanear aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos, la oposición de los vecinos en general”.
Valoró la posibilidad de que se cumplan los plazos para la difusión de la nómina de preadjudicatarios y que sean los propios vecinos los que puedan impugnar. “Como empleados vemos con satisfacción que se respeten los plazos previos de publicidad, para dar oposición cuando ven que hay una postulación injusta o ilegal, y que tengan la posibilidad de oponerse o expresar sus fundamentos y de revisar la lista”, remarcó. Dijo desconocer cuáles son las razones por las que no se respeta lo que indican las profesionales. “Hay que preguntarles a quienes definen el listado”, dijo.
Sobre la definición de la nómina de beneficiarios, aseguró que son las autoridades del IPV las que tienen la última palabra. “Hay dos responsables directos: la Dirección de Adjudicaciones y el administrador, que tienen la última palabra en la selección de los aspirantes. Obviamente que tienen que escuchar y ver las carpetas de los informes socioambientales, pero la última palabra, sin duda, la tiene él (por el administrador, Dante López Rodríguez)”, admitió.
Las críticas se concentraron en López Rodríguez y las autoridades departamentales. En el caso de Fray Mamerto Esquiú, contra el intendente Guillermo Ferreyra, y en Recreo apuntaron contra el senador Ariel Espinoza.
En las últimas semanas y tras meses sin entregas, en medio de un contexto de crisis económica y con las críticas del Gobierno provincial por la falta de recursos nacionales para la ejecución de más viviendas, la población aceleró los ánimos para denunciar las irregularidades. Y tal como sucedió en Fray Mamerto Esquiú, donde se comprobaron irregularidades, ahora en Recreo esperan que se investiguen las denuncias y no sean solo un par de bajas para calmar los ánimos.