Solo dos de las doce denuncias realizadas por irregularidades en la preadjudicación de viviendas sociales en Recreo serían aceptadas por el IPV.
sábado 10 de octubre de 2026
Solo dos de las doce denuncias realizadas por irregularidades en la preadjudicación de viviendas sociales en Recreo serían aceptadas por el IPV.
Varias familias recreínas se manifestaron frente a Casa de Gobierno para cuestionar el proceder del IPV tras una docena de denuncias realizadas por irregularidades en la preadjudicación realizada del barrio próximo a entregar. Aseguraron que pese a que la semana pasada el organismo oficial se comprometió en inspeccionar los casos cuestionados por supuestos favores políticos, a Recreo no fue nadie.
Las familias aseguran que la información fue proporcionada desde la secretaria privada de la Gobernación, cuando pretendían ser recibidos por la mandataria provincial.
Lejos de calmar los ánimos, cuestionaron que es imposible que el organismo no atienda las objeciones realizadas ya que constan varias y graves irregularidades. La noticia profundizó el malestar, y aseguran que si no se revisan todas las denuncias, impedirán la entrega, prevista para este jueves.
Las denuncias son porque los beneficiarios cuentan con viviendas, o terrenos municipales; consta el caso de una pareja que para el mismo barrio fue beneficiada con la adjudicación de dos viviendas e inscriptos con un mes de antigüedad. Otro de los casos cuestionados es el de una mujer que sería secretaria del senador por Recreo, Ariel Espinoza, a quien se le habría adjudicado una vivienda en tiempo record y sin poseer carga familiar, una de las condiciones primordiales.
Las presentaciones fueron realizadas por varias familias que aseguran figuran entre los casos prioritarios, porque cuentan con integrantes con discapacidad, otras son numerosas y viven prácticamente en hacinamiento y en otros casos en condiciones de precariedad extrema, como 14 familias que viven en el predio del viejo ferrocarril.
La situación es prácticamente idéntica a la sucedida semanas atrás con las viviendas entregadas en Fray Mamerto Esquiú. En aquella oportunidad el IPV recibió una ola de impugnaciones, de las cuales finalmente se comprobaron dos.
En aquel momento, el titular del IPV, Dante López Rodríguez, alegó falta de información por parte de los municipios relacionadas con soluciones habitacionales. Sin embargo, las familias aseguraron que no solo no se solicitó información al municipio, sino que además no se cumplió con las visitas de rigor para comprobar las denuncias.
“La semana pasada nos dijeron que hoy iban a tener una solución. Nos dieron todas las esperanzas del mundo, hoy nos damos con que solamente dos casas se van a impugnar. Presentamos doce denuncias con pruebas de que tienen viviendas”, cuestionó Yamila.
Las familias apuntaron también al senador departamental y lo responsabilizaron del listado de beneficiarios.
“El senador Ariel Espinoza es el que dio las viviendas. Pasó por las manos de él, y les dio a todos los favores políticos que tiene. No midió nada, el sabe las condiciones en que vivimos. Recreo es pequeño, todos nos conocemos. Las casas no se van a entregar si es que no se revisan todas las denuncias”, aseguró la mujer.
Por su parte, el diputado Marcelo Murúa (FV) defendió la transparencia de la política del gobierno local para otorgar viviendas y señaló que desde 2012 está vigente el registro único de postulantes, que permite conocer quienes son los inscriptos.
También cuestionó que el gobierno anterior realizaba las adjudicaciones "al mejor postor", y apuntó contra el Gobierno nacional por no cumplir con la promesa de construir más viviendas en Catamarca.
Continúa
el malestar
Pablo Machado, secretario general del gremio de trabajadores del IPV, aseguró que López Rodríguez no cumplió con el compromiso de reparar el sistema de refrigeración del edificio, por el cual ya se pagaron varios millones de pesos y sin embargo no funciona desde junio.
Defendió el planteo de los trabajadores de una reducción horaria ya que la jornada se extiende hasta las 16 y "no estaban dadas las condiciones".
Los trabajadores habían denunciado que el IPV pagó $500.000 a una empresa local para la reparación del aire acondicionado que aún no funciona.
