La diputada Paola Bazán (FCS) expresó su satisfacción con las imputaciones resueltas por el fiscal Marcelo Sago, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en el marco de la causa iniciada por los sobreprecios en la refuncionalización del ex Sussex (Centro de Integración e Identidad Ciudadana - CIIC). Sin embargo, lamentó que este tipo de causas "parecen no ser una prioridad para la Justicia" y que una de las imputadas todavía espera a que se defina una fecha de juicio por otra investigación en su contra. Bazán puso el foco sobre la nueva imputación a la ex directora de administración de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Quinteros, quien espera que la Cámara Penal nº1 fije fecha para el juicio en el marco de la causa por hechos de corrupción en esa Secretaría.
"Si bien se fijan juicios para causas en las que hay gente detenida, como Quinteros no está privada de su libertad no se eleva a juicio. Pareciera que una vez que estas causas salen de la Fiscalía dejan de ser una prioridad, y no se termina de pagar por el daño que se provocó a todos los catamarqueños", dijo Bazán, y agregó que no se puede permitir que pasen "tres, cinco o diez años sin que se consiga una sentencia ejemplar por estos hechos".
Por otra parte, la diputada consideró que Fiscalía de Estado debería tener una participación más activa en estas causas, ya que tiene la facultad para constituirse como querellante y no lo hace. "Además, habría que ver si no hay funcionarios del Gobierno que incurren en incompatibilidad si defienden a algunos de los acusados en estas causas", advirtió.
Además, Bazán se refirió a la prórroga del contrato por seis meses para el servicio de catering, que se resolvió por decreto el 4 de diciembre pasado. "Sería bueno que el Ministerio de Desarrollo Social explique bien cómo se resuelven estas cosas. En una reunión con la comisión de Presupuesto nos dijo que en 2019 iban a llamar a licitación por el catering, y nos enteramos de esto, que hace pensar que está más que direccionada la contratación. Si bien el contrato establece la posibilidad de la prórroga, eso debería estar claro en el proceso", opinó la legisladora y agregó que en torno al CIIC "hay muchas controversias".
Además, recordó el procedimiento por el cual la empresa Kausay se quedó con la última licitación en 2017, y si bien reconoció que era la empresa que ofertaba con un costo menor, se quedaron afuera "otras empresas con más experiencia". Por último, cuestionó que tampoco está claro cómo se debe prestar el servicio del catering. "Si bien el pliego dice que se debe cumplir con el servicio durante 12 meses, el Ministerio asegura que no siempre está completamente ocupado el CIIC. Y tampoco es claro cómo funciona el sistema cuando se trata de contrataciones del salón para eventos privados", dijo. n
